Cuatro funcionarios del Hospital Base de Osorno permanecen trabajando en el recinto, pese a que están acusados de protagonizar brutales episodios de tortura, acoso y humillaciones contra un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Según reveló Radio BioBio, los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020, cuando la víctima, identificada como Camilo, se desempeñaba en el área de informática del hospital.
Los agresores, también parte de esa misma unidad, lo sometieron durante meses a prácticas degradantes que fueron incluso grabadas en video: lo golpearon, amarraron de pies y manos, amordazaron, raparon en contra de su voluntad y lo quemaron con un limpiador de vapor en distintas partes de su cuerpo. En otras ocasiones lo desnudaron, lo envolvieron con plásticos y lo obligaron a soportar burlas y simulaciones de carácter sexual frente a sus compañeros.
El calvario se mantuvo en silencio hasta que en 2020 la dirección del hospital recibió denuncias que derivaron en un sumario, el cual no tuvo consecuencias reales. Solo en 2024, con nuevos antecedentes y la difusión de registros audiovisuales, la dirección reabrió el sumario y remitió una denuncia al Ministerio Público.
Consultado por The Clinic, el director (s) del Servicio de Salud de Osorno, Héctor Alarcón, reconoció que los sumarios ya concluidos no lograron sancionar a los implicados y explicó que “los funcionarios quedaron separados de las funciones habituales que tenían y fueron reasignados a otras labores”. Es decir, pese a la gravedad de los hechos, los agresores aún continúan contratados en el hospital.
La víctima, en tanto, habría abandonado el país tras el término de su contrato en 2020. “La verdad es que no sabemos mucho de él, se nos ha señalado que estaría en Estados Unidos, pero no tenemos certeza”, añadió Alarcón.
La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud también emitió un comunicado condenando lo ocurrido, señalando que “estas prácticas constituyen una flagrante vulneración de derechos fundamentales y de la dignidad humana. No son hechos aislados, sino manifestaciones de violencia estructural que comprometen principios básicos de respeto y derechos humanos en el trabajo”.
Desde el hospital se informó que el sumario actualmente en curso contempla sanciones administrativas proporcionales a la gravedad de lo ocurrido, además de la denuncia al Ministerio Público para que determine eventuales responsabilidades penales.
Mientras tanto, las imágenes y testimonios que salieron a la luz vuelven a abrir el debate sobre cómo los sistemas de salud enfrentan los casos de acoso laboral y violencia hacia personas neurodivergentes, y por qué quienes fueron sindicados como agresores aún permanecen vinculados al servicio público.
Somo una vergüenza como sociedad, espero q si la justicia no actua como corresponde, alguien si lo haga. Ese tipo de personas necesitan una buena lecciòn .