La Contraloría General de la República concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió las atribuciones de su cargo y actuó al margen del marco legal al solicitar a la Policía de Investigaciones (PDI) antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en desarrollo.
Según informó en exclusiva nuestro medio asociado Radio Bío Bío, el pronunciamiento del organismo fiscalizador se originó tras requerimientos presentados por los diputados Raúl Leiva y Patricio Pinilla, quienes cuestionaron la legalidad de un oficio reservado enviado por la entonces secretaria de Estado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, apenas dos días después de asumir el cargo, en marzo de este año.
De acuerdo con el dictamen, el documento enviado el 13 de marzo solicitaba información detallada sobre funcionarios vinculados al denominado caso “Clan Chen” en la Región de Tarapacá. Entre los antecedentes requeridos figuraban nombres completos, RUT, grados, destinos actuales, antecedentes disciplinarios, sumarios administrativos y eventuales denuncias penales.
Para la Contraloría, ese nivel de detalle no resultaba necesario para el ejercicio de las funciones de planificación, coordinación y supervisión que la ley asigna al Ministerio de Seguridad, por lo que la solicitud excedía las facultades legales de la autoridad ministerial.
Asimismo, el organismo recordó que la legislación prohíbe expresamente requerir información cuya divulgación pueda afectar el desarrollo de una investigación penal en curso, situación que, a juicio del ente fiscalizador, podía producirse en este caso.
“No se advierte de qué manera los requerimientos específicos aludidos en la especie puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes, las cuales, conforme a la normativa vigente, deben estar destinadas, entre otros aspectos, a planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad”, señala el dictamen.
Eventual conflicto de interés
Otro de los aspectos relevantes abordados por la Contraloría dice relación con la relación profesional previa entre Steinert y los funcionarios respecto de los cuales solicitó información.
Según el dictamen, los requerimientos recaían sobre una brigada de la PDI que había trabajado con la entonces ministra durante su período como fiscal regional de Tarapacá, por lo que correspondía observar el deber de abstención para evitar un eventual conflicto de interés.
En esa línea, el organismo concluyó que la actuación de la exautoridad “no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial” y que tampoco se condice con el deber de abstención que debía observar en este caso.
La controversia surgió luego de que, pocos días después del envío del oficio reservado, la entonces subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, fuera removida de su cargo tras una solicitud proveniente de la Secretaría de Estado, situación que generó cuestionamientos sobre un eventual conflicto derivado de la relación previa entre ambas autoridades.
No obstante, la Contraloría precisó que su pronunciamiento no atribuye responsabilidades penales a Trinidad Steinert ni cuestiona la legalidad de la salida de la entonces prefecta general de la PDI, cuya desvinculación fue considerada ajustada a derecho por el propio organismo fiscalizador.