Seguridad para las mujeres: destacan en la Región de Antofagasta el nuevo proyecto de ley sobre “Cautelares Reforzadas”

El Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto de ley de "Cautelares Reforzadas", una normativa respaldada por las autoridades de la Región de Antofagasta que busca endurecer las sanciones por el incumplimiento de medidas de protección y ampliar las facultades de fiscalización municipal.

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El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley denominado “Cautelares Reforzadas”, una iniciativa dada a conocer por la ministra de la cartera, Judith Marín, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Marcia Raphael, con el objetivo de fortalecer la protección y seguridad de las víctimas de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres.

El proyecto modifica diversas normativas clave, entre ellas la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Ley sobre violencia intrafamiliar, la ley de los Tribunales de Familia, la normativa sobre monitoreo telemático, la institucionalidad municipal en seguridad pública y el Código Procesal Penal, estableciendo mayores consecuencias para quienes incumplan las medidas o destruyan los dispositivos de monitoreo, además de ampliar las facultades de seguridad municipal para fiscalizar estas resoluciones.

A nivel regional, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Antofagasta, Darioleta Vilch, valoró profundamente la presentación de la normativa, subrayando que detrás de cada medida cautelar existe una mujer que requiere sentirse respaldada y protegida, por lo que este avance resulta fundamental para mejorar la fiscalización y asegurar un resguardo más oportuno y continuo frente a las distintas formas de violencia.

De este modo, la iniciativa busca consolidar un sistema de protección más riguroso mediante una serie de modificaciones orientadas a garantizar la continuidad en el cuidado de las víctimas, responder con mayor firmeza ante el quebrantamiento de las resoluciones judiciales y dotar al Estado de herramientas más efectivas para la seguridad de las mujeres en todo el país.

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