No era solo el “perdonazo” a 56 condenados por delitos sexuales: Gobierno también rebajó condenas a presos de Punta Peuco

La polémica por las rebajas administrativas de condenas concedidas por el Ministerio de Justicia sumó un nuevo antecedente: además de los 56 beneficios otorgados a personas condenadas por abuso sexual y violación de menores, se conocieron tres decretos relacionados con secuestro calificado y tortura. Dos corresponden a internos de Punta Peuco. El ministro Fernando Rabat confirmó haber firmado los decretos y defendió que se actuó conforme a la legislación vigente.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

La controversia por las rebajas de condena concedidas por el Ministerio de Justicia continúa escalando y ya no se limita a los 56 casos conocidos esta semana de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Una investigación de El Mostrador reveló la existencia de otros tres decretos de reducción de penas relacionados con condenas por secuestro calificado y tortura, dos de ellos correspondientes a internos recluidos en Punta Peuco.

El propio ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó posteriormente que firmó los decretos que beneficiaron a esos dos condenados. Uno cumple pena por secuestro calificado y el otro por tortura.

El antecedente se suma a la controversia desatada luego de conocerse que, entre marzo y septiembre de este año, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

De ese total, 27 correspondieron a condenas por abuso sexual de menores y 29 por violación. Según los antecedentes conocidos, las rebajas fueron concedidas administrativamente, sin que esos beneficiarios hubieran debido recurrir previamente ante tribunales para obtenerlas.

Rabat confirma beneficios en Punta Peuco

Consultado directamente por los nuevos antecedentes, Rabat reconoció que las rebajas a los dos internos de Punta Peuco efectivamente fueron concedidas.

El secretario de Estado argumentó que este tipo de beneficios no es exclusivo de la actual administración y que han sido otorgados durante distintos gobiernos en las últimas dos décadas.

Según sostuvo, las resoluciones responden a la aplicación de la legislación vigente y a criterios jurisprudenciales que impiden aplicar retroactivamente normas más perjudiciales para personas condenadas.

El ministro también afirmó que durante la administración anterior se rechazaron solicitudes relacionadas con militares condenados, pero que algunas de esas decisiones posteriormente fueron revertidas por fallos de la Corte Suprema.

Hasta ahora, sin embargo, no se han difundido públicamente las identidades de los dos internos beneficiados ni el detalle de las causas específicas en que fueron condenados.

De 56 casos a una controversia mayor

La revelación sobre Punta Peuco amplía una polémica que comenzó con los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

La discusión se originó en una reforma legal aprobada en 2022, que excluyó de estas reducciones de condena a personas sentenciadas por determinados delitos sexuales contra menores.

El Ministerio de Justicia sostiene que aquella modificación no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de condenados cuyos hechos ocurrieron antes de su entrada en vigencia.

Rabat ha defendido que su cartera recogió criterios establecidos por la Corte Suprema en recursos de amparo anteriores y que las resoluciones administrativas se ajustaron a esos principios.

Sin embargo, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ha precisado que fue el propio ministro de Justicia quien dictó los decretos haciendo uso de sus facultades legales y que cada situación judicial debe analizarse individualmente.

Beneficios también existieron en gobiernos anteriores

En medio de la controversia también surgieron cifras que permiten dimensionar que las rebajas de condena no son una herramienta creada por la actual administración.

De acuerdo con antecedentes obtenidos por Emol, durante los últimos cinco años se concedieron 332 rebajas de condena vinculadas a delitos sexuales, de las cuales 276 correspondieron a los cuatro años del gobierno de Gabriel Boric.

El actual Ejecutivo ha utilizado precisamente esas cifras para rechazar las acusaciones de que se trataría de una política particular del Gobierno de José Antonio Kast y sostiene que el procedimiento está establecido legalmente.

La diferencia que ha generado especial cuestionamiento político en los 56 casos actuales es que los beneficios fueron otorgados administrativamente pese a que los condenados involucrados no habían recurrido previamente de amparo ante tribunales.

Gobierno anuncia cambios legales

Ante la creciente controversia, Rabat anunció que el Gobierno respaldará iniciativas parlamentarias destinadas a cerrar la posibilidad de conceder futuras rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

El ministro afirmó que el Ejecutivo apoyará modificaciones legales para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse y sostuvo que existe disposición para tramitar esos cambios con urgencia.

Parlamentarios de distintos sectores ya comenzaron a impulsar modificaciones a la legislación.

También han surgido acciones políticas contra el ministro. Diputados de la Democracia Cristiana anunciaron que evalúan una eventual acusación constitucional, mientras otras bancadas han solicitado sesiones especiales para analizar las decisiones adoptadas por Justicia.

Secuestro y tortura abren un nuevo flanco

La aparición de los casos de Punta Peuco introduce una dimensión distinta al debate.

Ya no se discute únicamente la aplicación de rebajas de pena a condenados por delitos sexuales, sino también la entrega de beneficios a personas sentenciadas por secuestro calificado y tortura, delitos vinculados en estos casos a condenados recluidos en el recinto que concentra a responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Por ahora, el Ministerio de Justicia sostiene que la legislación debe aplicarse sin excluir grupos de condenados cuando cumplen los requisitos legales.

La controversia, sin embargo, continúa creciendo.

Lo que comenzó con la revelación de 56 rebajas a condenados por abuso sexual y violación de menores suma ahora beneficios concedidos a internos de Punta Peuco y nuevas preguntas respecto de los criterios utilizados por el Ejecutivo para aplicar administrativamente estas reducciones de pena.

El debate deberá determinar no solo si las decisiones se ajustaron formalmente a derecho, sino también hasta dónde llega la discrecionalidad del Ministerio de Justicia y si la legislación vigente requiere modificaciones para excluir expresamente determinados delitos de estos beneficios.

Deja un comentario