Miembros de la institución castrense son investigados por compras fraudulentas de repuestos para vehículos militares con facturas adulteradas, las que ascenderían a dos mil millones de pesos, según sostuvo uno de los involucrados en una presentación ante el Tribunal Constitucional. El caso, que se sumaría a otra estafa por 6 mil millones de pesos por servicios informáticos que jamás se prestaron, tiene a varios militares en la mira de la justicia.
En medio de la vorágine por el caso Penta por emisión de boletas ideológicamente falsas a políticos de la UDI, se destapó un escándalo de proporciones en las filas del Ejército durante el verano. Se trata de un fraude que involucra a dos funcionarios, actualmente detenidos, por utilizar facturas adulteradas por concepto de reparaciones de vehículos militares: el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz.
Si bien en un comienzo se habló de una estafa de poco más de 100 millones de pesos, el abogado Andrés Figueroa, defensor del cabo Cruz, advirtió a la justicia que la cifra superaría los 2 mil millones de pesos.
La defraudación fue ejecutada a través de operaciones falsas de compra de repuestos para vehículos motorizados a ruedas, como admitió en una presentación ante el Tribunal Constitucional el propio cabo Cruz, detenido desde 2014 en el Regimiento de Policía Militar.
La empresa Frasim, domiciliada en calle Santa Teresa 408, en la comuna de Estación Central, figura como la principal sospechosa, según las propias pesquisas de la VI Fiscalía Militar, dirigida por la abogada Paola Jofré. Hasta ahora el principal imputado es el Coronel Clovis Montero, detenido desde abril de 2014, junto al cabo Cruz.
El fraude se sumaría a otra estafa denunciada a mediados de enero por el Ejército a la Fiscalía Centro Norte por 6 mil millones de pesos por servicios informáticos que jamás se prestaron -justificados a través de más de 100 facturas- y el pago de coimas al jefe de Informática del Comando de Bienestar de la institución, mayor en retiro Mauricio Lazcano Silva.
LOS HECHOS
La versión oficial, admitida por los propios involucrados -el coronel Montero y el cabo Cruz- indica que solo entre enero y marzo de 2014 fueron gestionados pagos por 103 millones de pesos por compras falsas de repuestos a la empresa Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, el “indio”, como lo llamaban en el Ejército, que figura en la lista de proveedores de la institución en el rubro “material de guerra y repuestos”.
La operación siempre habría sido liderada por el coronel Clovis Montero, según reconoció el cabo Cruz en su declaración del 17 de febrero ante el Tribunal Constitucional, instancia a la que solicita además que se pronuncie sobre la constitucionalidad de que la causa sea investigada simultáneamente en tribunales civiles y militares.
El cabo Cruz, imputado por defraudación fiscal y falsificación documentaria, asegura que fue contactado en enero de 2014 por el oficial Montero, de la dotación de Contraloría del Ejército, para presentar facturas de Frasim a pago, pese a que los insumos cobrados jamás habrían sido entregados.
La primera operación fue por poco más de 50 millones de pesos cobrados en cuatro facturas, foliadas con los números 13209, 13210, 13211 y 13212. Tras sus gestiones en la Dirección de Finanzas del Ejército, el cabo Cruz recibió un pago de 15 millones de pesos en efectivo, según su propia confesión.
Cruz, de acuerdo a los antecedentes recabados por el Laboratorio Criminalístico de la Policía de Investigaciones, logró gestionar estos pagos luego de falsificar un timbre del Ejército, además de adulterar las firmas del comandante de la División de Mantenimiento, general de brigada Héctor Ureta; del jefe de Mantenimiento, coronel Jorge Silva y del jefe del Departamento de Vehículos Motorizados a Ruedas, teniente coronel Pedro Ferrer.
Tras el éxito de la operación, Clovis Montero pidió a Cruz gestionar otras seis facturas fraudulentas, por 53 millones de pesos más. Los documentos corresponderían a las numeraciones: 13234, 13236, 12237, 12238, 12239 y 12240.
Según Cruz, todo falló por la impaciencia del coronel Montero, quien pidió al cabo acelerar este nuevo pago, el que salió a cobro también en marzo. La premura en las gestiones despertó las sospechas del tesorero del Ejército, coronel Samuel Poblete. El cabo Cruz, según sus propias palabras, terminó reconociendo los ilícitos ante el brigadier general Héctor Ureta, comandante de la División de Mantenimiento.
Acorralado por las sospechas, el coronel Montero tomó contacto con el empresario Francisco Huincahue y le pidió que Frasim devolviera el último pago en un vale vista, debido a que “han surgido problemas”, según reza el expediente de la Justicia Militar. Montero finalmente recibe el documento y, tal como consigna el proceso, se lo entrega al tesorero del Ejército en el estacionamiento del Edificio Bicentenario.
Sigue leyendo en The Clinic Online
