A poco de cumplir su primer mes en funciones —tras asumir el pasado 12 de enero luego de un extenso proceso de concurso público— la nueva Defensora Regional de Antofagasta entregó a Diario Antofagasta su primera evaluación sobre el estado del sistema penal en la zona.
Con una trayectoria que comenzó en 2005 con la implementación de la Reforma Procesal Penal en Santiago, y experiencia en regiones como Tarapacá, la autoridad asegura que el principal problema detectado en la región es el hacinamiento carcelario, particularmente en Calama, además de la situación que enfrentan mujeres privadas de libertad y sus hijos lactantes.
Diagnóstico inicial y realidad carcelaria
—Usted asumió el 12 de enero. ¿Cuál es su diagnóstico inicial sobre la Defensoría Regional y la situación penitenciaria en la región?
“Al llegar lo primero que hice fue reunirme con el equipo de la regional y también visitar las periferias: Calama, Tocopilla, Taltal y Mejillones, además de sus respectivas cárceles. Claramente, uno de los temas importantes es el hacinamiento. Hay sobrepoblación y, desde mi experiencia visitando distintos recintos en el país, encuentro que la cárcel de Calama sufre un gran hacinamiento”.
—Por su experiencia en otras regiones, ¿se puede decir que las cárceles de Antofagasta están en peores condiciones?
“Partí en 2005 en Santiago, donde visité Santiago 1, Colina 2 y cárceles de adolescentes. También estuve en Tarapacá, conozco Alto Hospicio e Iquique. Efectivamente, creo que una de las cárceles más sobrepobladas es la de Calama”.
—¿Se hace necesaria una nueva cárcel en Calama?
“Sí, una nueva cárcel en Calama”.
Derechos y vulneraciones en contextos de hacinamiento
—¿Qué vulneraciones provoca el hacinamiento y por qué es clave garantizar derechos a quienes están privados de libertad?
“El estar privado de libertad no significa que hayan perdido todos sus derechos. Tienen derecho a lo básico: bañarse, comer, recibir atención de salud. En contextos de hacinamiento hay mayor riesgo de enfermedades y dificultades para acceder a condiciones mínimas de dignidad. Además, estar imputado no significa ser culpable. Hay personas que pasan mucho tiempo privadas de libertad y luego resultan inocentes”.
—¿Qué porcentaje de personas privadas de libertad podría no ser culpable o tener derecho a penas sustitutivas?
“Hoy hay más de 700 personas privadas de libertad en la región. Uno podría estimar que entre un 10% y un 20% pueden ser inocentes o tener derecho a cumplir su sanción en libertad. Eso no significa que por estar privadas de libertad deban sufrir otras privaciones”.
Mujeres privadas de libertad y lactantes
Uno de los puntos más sensibles abordados en la entrevista fue la situación del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Antofagasta.
—Usted ha manifestado especial preocupación por las mujeres privadas de libertad. ¿Cuál es la realidad que observó?
“Fui al CPF de Antofagasta y también hay un grado de hacinamiento. Entiendo que se está construyendo una nueva cárcel que podría estar lista a fin de año. Actualmente hay solo dos baños para todas las mujeres. Hay mujeres con guagüitas, porque hasta los dos años los lactantes pueden permanecer con su madre”.
—¿Esos lactantes también están privados de libertad?
“Claro, exactamente. Por eso me gustaría que estuvieran en mejores condiciones. Ese bebé no tiene por qué estar privado de salud o de un entorno adecuado. Si hay hacinamiento, también afecta a esos niños”.
—¿Qué se puede hacer mientras se concreta la nueva infraestructura?
“Entiendo que se está trabajando en una mesa de trabajo. Pero hay que recalcar la necesidad de soluciones antes de diciembre o noviembre, cuando entre en funcionamiento la nueva cárcel”.
Delitos predominantes y demoras judiciales
—¿Cuáles son los principales delitos que mantienen personas privadas de libertad en la región?
“En el norte uno de los grandes ilícitos es el tráfico de drogas. También asociación ilícita, receptación de vehículos y algunos delitos más violentos. El hecho de ser zona fronteriza acrecienta ciertos delitos. Además, muchas investigaciones requieren antecedentes que van a Santiago, lo que retrasa las causas”.
Justicia, percepción de inseguridad y rol de la Defensoría
—En un contexto donde existe alta percepción de inseguridad, ¿cómo se explica el rol de la Defensoría?
“A veces es difícil entender la labor de la Defensoría Penal Pública. Pero siempre pongo un ejemplo: si uno sale de su casa, no está ebrio, maneja correctamente y atropella a alguien que cruzó intempestivamente, puede ser imputado. La Defensoría está para todas las personas, sin distinción política, económica o social. El derecho a defensa está consagrado constitucionalmente”.
“La gente tiende a pensar que solo se defiende a delincuentes, pero muchas veces no es así. También defendemos a personas inocentes que necesitan un abogado preparado, que hable su mismo lenguaje y comprenda su situación”.
Trabajo interinstitucional y nuevas autoridades
—Con el cambio de autoridades y anuncios de mayor mano dura, ¿cómo se proyecta el trabajo institucional?
“Es fundamental el trabajo interinstitucional, generar mesas de trabajo y consensos con la Fiscalía y otros actores. Cada uno desde su rol. El objetivo es que las audiencias y resoluciones sean efectivas y que las causas terminen prontamente, pero siempre respetando derechos”.
Proyecciones y sello de gestión
—¿Qué sello espera dejar en su gestión?
“Primero, que todos tengan una defensa técnica y de calidad. Segundo, visibilizar la labor de la Defensoría: hacer charlas en colegios, trabajar en regiones y periferias. Y que quien sea atendido por la Defensoría diga: ‘Sí, mi abogado sabe, le tengo confianza’. Una buena atención al usuario es clave”.
Además, destacó la importancia de fortalecer la responsabilidad penal adolescente.
“Existe la mediación penal juvenil, que es una herramienta que permite descongestionar el sistema y es sana para las instituciones. Me gustaría potenciar y difundir más ese instrumento”.