Ha transcurrido casi un año desde el regreso a la moneda de Sebastián Piñera, con ello los intereses de un sector político y económico del país han comenzado a concretar sus propuestas, a mostrar sus intereses, y en un contexto de desaprobación y poca capacidad de cumplirle a Chile con las expectativas de los “Tiempos Mejores” se asoman intentos claros de retroceder en avances significativos para el pueblo, creando un escenario favorable para el desarrollo económico de los grandes grupos empresariales. En el caso de las propuestas para vivienda y ciudad, no es la excepción, y a mi juicio la propuesta enviada por el ejecutivo en diciembre del 2018 esconde un “regalito” que puede terminar por condenar por décadas el modelo de soluciones habitacionales, a través de Arriendos controlados totalmente por privados, quienes reciben por parte del propio estado los terrenos para cumplir con aquello.

Ya no hay discusión alguna en que la lucha por el derecho a la ciudad cada vez tiene un mayor respaldo ciudadano, pasando en los últimos años de una idea casi academicista a una demanda social y política encabezada por organizaciones que principalmente han reivindicado el derecho a la vivienda digna, por otro lado y como figura antagónica a esta lucha el estado a través de un modelo heredado de la política nacional de desarrollo urbano de la dictadura, consolidó una política habitacional que ha generado la reproducción sistemática de barrios y ciudades marcadas por la segregación social, con estándares de habitabilidad totalmente precarios, y con índices de calidad de vida urbana en donde ha quedado demostrado, esto según los datos entregados por la CASEN 2015 sobre entorno y calidad de vida barrial, que son los que menos ingresos tienen los que viven en entornos en donde la infraestructura básica no cumple con condiciones óptimas y el derecho a acceder a equipamientos y servicios no es el mismo que los que poseen mas recursos económicos, con esto queda demostrado que son los mas pobres lo que viven insertos en barrios en donde no se puede gozar del acceso, dentro de su entorno mas próximo, a escuelas, consultorios, comisarias, hospitales, etc., a diferencia de los que cuentan con mayores ingresos.
Como primer antecedente, cito: “Nuestro desafío es avanzar hacia ciudades más integradas, sustentables, con calidad urbanística, identidad y visión de futuro”, esta es la frase que mas me llama la atención en el mensaje de Sebastián Piñera a la cámara de diputados para presentar la ley que plantea como producto mediático el cambio de nombre del “Ministerio de vivienda y urbanismo” a “Ministerio de ciudad y vivienda” y que si bien es cierto plantea algunos cambios interesantes para el debate puesto que apuntan al desarrollo de ciudades integradas en términos urbanos y con ello sociales, es preocupante ver como esto se condiciona a favores para el sector inmobiliario, no refiriéndome con esto solamente a las “flexibilidades normativas” al momento de diseñar proyectos habitacionales que integren viviendas sociales, pues estas son totalmente discutibles, si no que, y esto como lo mas preocupante, corre el cerco de la responsabilidad del derecho a la vivienda al sector privado, entregando la facultad a los Servicios de vivienda y urbanización (SERVIU) para que a través de la concesión de terrenos del estado, sean del SERVIU u otros organismos públicos, estos puedan ser entregados en administración a privados, los que deberán construir, administrar y “explotar comercialmente las edificaciones destinadas a viviendas” y otros usos, en donde la condición que establece la propuesta de ley es que “un porcentaje” de estas viviendas sean destinadas a arrendatarios que gocen del subsidio de arriendo, además dicha propuesta permitirá concesionar edificaciones de vivienda ya construidas y sean propiedad de SERVIU.

Con esto no nos queda mas que volver a preguntarnos, ¿Al servicio de quien esta la derecha Chilena y particularmente de aquellos que con tantas ganas nos hablan de integración social sin decirle a los Chilenos y Chilenas que se esta perpetuando un negocio entre el estado y las grandes inmobiliarias?. De esta manera la contradicción propia del Chile actual, en donde se puede optar por el camino de la profundización de la democracia a través del aseguramiento de derechos mínimos como la vivienda, versus un modelo con clara lógica neoliberal, en donde el estado elude su responsabilidad entregándosela al privado, el que además de poder explotar uno de los negocios mas rentables de la región de Antofagasta como es el arriendo de inmuebles debido a la poca regulación, este estará constantemente financiado por subsidios del estado, convirtiéndolo en un negocio ideal para el rubro con la tasa de retorno mas alta en nuestra zona.

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De esta manera, aprobar la concesión de terrenos del estado para ser explotadas comercialmente por privados de manera descontrolada a través del arriendo habitacional seria condenar las políticas habitacionales, y esto no porque se cierre la puerta al modelo de arriendos, si no que con esto se concretaría un negocio que – al igual que en la Salud – nos vendió humos como solución, y los únicos que ganaron fueron los que vieron en los recursos del estado la apuesta perfecta para un buen negocio, respaldado por sus representantes en el aparato del estado.

Esto nos llama a estar alertas, la integración social no puede estar sujeta al negocio de la derecha, y es responsabilidad de todos y todas profundizar esta discusión y levantar una propuesta que solucione de manera efectiva el problema de la vivienda en Chile y particularmente en la región de Antofagasta que hoy tiene un déficit de cerca de 21 mil soluciones habitacionales, en donde aproximadamente 14 mil corresponden a familias de clase media y vulnerables, pero que además nos permita construir ciudades y barrios de calidad, y esto no como un ideal si no que como un derecho.-