El triste espectáculo que dio el Alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, controlando el horario de entrada de los trabajadores de la Corporación Municipal de Desarrollo Social -a cargo de la salud y educación municipal- con una actitud matonesca, terminó con el despido de una dirigente sindical del sindicato de Casa Central de la Corporación, que tiene una composición de 70% de mujeres.
Además se apostó en las afueras de un consultorio para “visibilizar” las filas de espera para tomar una hora, enterándose de una situación crítica que viven usuarios y trabajadores, sorprendiéndose de esta realidad a pesar de haber presidido la comisión de salud en su periodo como concejal, donde dirigentes denuncian no haberle visto nunca en los CESFAM.
A tres meses del inicio de su administración el alcalde Velásquez acumula una decena de tutelas laborales en proceso que podrían corresponder a más de 300 millones de pesos. Ahora se suma un despido antisindical y vulneración de derechos tras la exposición en redes sociales, creando una falsa división entre los más afectados del sistema educativo municipal y de la atención primaria de salud, usuarios y trabajadores de los servicios públicos; y poniendo en riesgo el resguardo del patrimonio de todos y todas.
Lo cierto es que, mas allá de los métodos del alcalde Velásquez, el contenido de sus actos, no son muy distintos a los de Karen Rojo, y son el reflejo de la política nacional de la derecha, con Piñera a la cabeza, contra la salud y la educación pública.
De pedir aplausos a la primera línea, las autoridades centrales y las del municipio de Antofagasta, han cruzado la vereda para denostar y desprestigiar a la primera línea de la pandemia, los trabajadores de la salud que han enfrentado la crisis del COVID-19, salvando vidas en medio de la crónica crisis de la salud pública; así como de las y los docentes, trabajadores de la educación que sostuvieron en sus manos con sus propios recursos la educación pública, ahora se transforman en “personal desechable” y “flojos”.
Fueron más de 218 millones de pesos los que gastó Piñera en la parada Militar donde se “homenajeó” a la salud, pero el MINSAL ya confirmó que serán 9 mil los despidos a honorarios en el sistema nacional de salud pública a propósito del término del estado de catástrofe, como si la crisis sanitaria, las eternas listas para atención de especialistas donde la gente muere esperando, no fueran la catástrofe misma de décadas de política neoliberal y desfinanciamiento sobre el sistema de salud. En el mismo tono, Piñera utiliza el monárquico veto presidencial en contra del proyecto de titularidad docente, evitando la estabilidad laboral de miles de profesores a nivel nacional que no podrán acceder al contrato indefinido.
El alcalde Velásquez con esa actitud matonesca de tratar de “flojos” a las y los trabajadores de casa central, retrata de cuerpo completo a los políticos de los 30 años, quienes están totalmente desconectados de la realidad que viven los trabajadores. Sin ninguna duda, aunque se disfracen de independientes no pueden entender el origen del estallido social del 18 de octubre; así como tampoco lo entendió la diputada Paulina Núñez, quien exigió la intervención de militares para reprimir la protesta.
Esta crisis no se acaba con el COVID (ahora con su cepa Delta); la crisis de la salud pública lleva más de 4 décadas cobrando la vida de las personas más pobres. No podemos permitir que sigan atacando y desmantelando la salud pública, es urgente una política nacional que parta por la inyección de recursos a la red nacional de salud.
Fin a la inestabilidad laboral, no más subcontrato y honorarios para aumentar la contratación a planta de la primera línea y terminar con el modelo de concesiones para acabar con la fuga de recursos a privados, integrar a la comunidad a partir de los comités de usuarios, la voz de los sindicatos y gremios de la salud para tomar las decisiones tanto en los consultorios como en los hospitales.
Por Natalia Sánchez Muñoz, Doctora y Concejala Ilustre Municipalidad de Antofagasta.
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