Polémica y toda clase de reacciones por parte de la elite política chilena ha generado el recorrido realizado por instalaciones portuarias en el norte del país del canciller boliviano David Choquehuanca.
“Falta de respeto” e “insulto” son algunos de los epítetos usados por representantes políticos del país para referirse al viaje. No obstante, hay otro tema que también podría causar similar escozor en los políticos nacionales, quienes sin embargo nada han expresado al respecto.
Se trata del sistema de jubilaciones existentes en el vecino país, que en comparación al régimen privado obligatorio de Chile representa una auténtica bofetada en la cara a Chile por parte de Bolivia.
Comencemos señalando que por ley, el año 2010 Bolivia nacionalizó las pensiones. Es decir, todos los fondos de pensiones pasaron a ser administradas por una institución pública, poniéndose término de este modo a las AFP privadas, que habían sido instaladas en Bolivia 13 años antes por un gobierno neoliberal.
Ese acto fue solo el comienzo, ya que luego el Gobierno Boliviano (con muchas críticas por parte del empresariado) disminuyó la edad de jubilación desde los 65 a los 58 años. Sí, leyó bien, mientras en Chile el sistema privado considera que los ‘afiliados’ ‘están viviendo mucho’ y por ello se les castiga con pensiones más bajas o se pretende instalar la idea de que debe aumentar la edad de jubilación, en Bolivia esta edad se reduce. Y no solo eso, sino que la edad de jubilación se reduce aún más para los denominados “grupos vulnerables”. Esto quiere decir que, por ejemplo, las mujeres madres de tres o más hijos pueden jubilarse a los 55 años en lugar de los 58 años, mientras que los mineros que hayan trabajado bajo tierra pueden jubilar a los 51 años. Esperamos aún una AFP que pueda ofrecer semejante beneficio.
Respecto a los montos de las pensiones, Bolivia da otra cachetada en la cara a Chile. Mientras en nuestro país el monto de las pensiones dependen de lo que el trabajador haya ahorrado a lo largo de su vida en su cuenta de capitalización individual y obligatoria, en Bolivia se asegura que el monto de la jubilación sea equivalente al 70% de las últimas 24 liquidaciones de sueldo.
La ley también creó un fondo solidario financiado con aportes de las empresas, los funcionarios y el Estado, que permite a los trabajadores independientes y del sector informal acceder también a una jubilación con 10 años de aportes voluntarios.
Todo lo anterior requiere una gran cantidad de recursos, que son aportados por los ahorros de los trabajadores, las empresas y complementados por las riqueza que aporta al país el gas natural, controlado en su totalidad por el Estado tras ser expropiado a empresas multinacionales.
Este avance fue una excelente noticia, en un país donde más del 60% de la fuerza laboral está concentrada en el sector informal y que hasta antes de la reforma carecía de jubilación.
Los resultados del cambio ya comienzan a estar a la vista, por cuanto Bolivia incrementó notablemente su esperanza de vida en los últimos años, con el añadido de que sus adultos mayores no solo viven más, sino que también pueden disfrutar de una vejez sin temor a que se acaben los fondos de la cuenta en una AFP o que políticos y bancos quieran hipotecar sus casas, como promueven algunos parlamentarios en Chile.
