¿Qué hay en la mente de un criminal? ¿Se pudo evitar la tragedia? Son preguntas que inevitablemente aparecen tras lo ocurrido en Calama, donde una inspectora fue asesinada al interior de un establecimiento educacional.
Son preguntas legítimas, pero también complejas. Probablemente no tengamos todas las respuestas. Sin embargo, hay otra interrogante, menos frecuente y más incómoda: ¿qué señales estaban ahí antes de que todo ocurriera?
Con el paso de las horas han surgido antecedentes inquietantes. Se habla de una planificación que se habría extendido por meses, de escritos donde el atacante manifestaba ideas violentas e incluso referencias a otras masacres escolares. No se trataría, por tanto, de un hecho puramente espontáneo.
Y es ahí donde el contexto se vuelve más preocupante.
Hace dos años, en ese mismo establecimiento, una estudiante se quitó la vida. Según antecedentes conocidos en la comunidad, había pedido ayuda. No la recibió a tiempo. El caso, como tantos otros, quedó envuelto en silencio. No en un silencio casual, sino en uno que incomoda, que evita profundizar y que termina diluyendo responsabilidades.
Porque las señales están. Pero no siempre se escuchan.
La familia de la inspectora lo dijo con claridad: “el colegio se había vuelto más peligroso”. Y no es un caso aislado. En Antofagasta, aún resuena el caso de Katherine Yoma, docente que se quitó la vida tras denunciar amenazas y agresiones. En distintos establecimientos, apoderados relatan episodios de violencia, bullying y conflictos que —según sostienen— no fueron abordados a tiempo.
El patrón se repite. Y el elemento común no es solo la violencia, sino la normalización del silencio frente a esas señales de alerta.
Familias advierten, comunidades comentan, docentes detectan situaciones complejas. Pero muchas veces no hay reacción, o esta llega demasiado tarde. Parte de esto responde a una lógica instalada en muchos establecimientos: evitar los escándalos y proteger la imagen institucional. Sin embargo, cuando los problemas se esconden en lugar de enfrentarse, no desaparecen. Se acumulan.
Lo ocurrido en Calama no puede explicarse por una sola causa. Existe una responsabilidad individual evidente, pero detenerse ahí no permite prevenir. También hay factores familiares, y un sistema que muestra debilidades estructurales. En Chile, la salud mental sigue siendo una deuda: listas de espera extensas, cobertura limitada y escasa articulación con el sistema educativo.
Así, incluso cuando se detectan señales, muchas veces no existe una respuesta oportuna. En paralelo, docentes e inspectores cumplen un rol clave, pero sin siempre contar con las herramientas necesarias para enfrentar situaciones complejas.
Tampoco es irrelevante el lugar donde ocurre. Calama es una ciudad marcada por una paradoja: produce riqueza, pero convive con brechas en calidad de vida y servicios, entre ellos la falta de especialistas en salud mental. Ese contexto no explica por sí solo lo ocurrido, pero sí configura un entorno donde posibles detonantes se acumulan y las respuestas llegan tarde.
En medio de este debate, surgen propuestas como la instalación de detectores de metales. ¿Pueden ayudar? Sí, probablemente reduzcan riesgos inmediatos. Pero no son la solución de fondo.
Tras la masacre de Columbine, en Estados Unidos, algunas escuelas implementaron detectores de metales, guardias de seguridad, prohibieron usar mochilas. Sin embargo, el Servicio Secreto concluyó que estas medidas eran insuficientes por sí solas. Sugirió que la clave estaba en prestar atención a las conductas previas a un ataque. Porque el problema va más allá de lo que ingresa a un colegio. Es lo que ocurre dentro y fuera de él antes de que todo estalle.
¿Qué ocurre cuando una sociedad normaliza la violencia como forma de resolver conflictos? Chile no se encuentra bombardeando países, pero sí vivimos en un clima donde el adversario se transforma en enemigo y donde la polarización junto con los discursos extremos instalan una lógica binaria que valida la confrontación.
Los jóvenes no son ajenos a ese entorno. Lo observan, lo consumen y, muchas veces, lo replican. Y cuando eso se combina con señales no atendidas y falta de contención, el riesgo se vuelve real.
Las escuelas deben ser espacios seguros. No lugares donde las alertas se acumulen hasta transformarse en tragedias.
La muerte de María Victoria Reyes debe tener consecuencias, sin duda y el responsable debe responder ante la justicia recibiendo la pena correspondiente. Pero si la respuesta se limita exclusivamente a lo judicial, el problema seguirá intacto.
Porque si las señales continúan siendo ignoradas, lo ocurrido en Calama no será una excepción. Será una advertencia. Una que, como tantas otras, llegaron a tiempo, pero decidimos no escuchar.