La discusión sobre la creación de un registro de vándalos e infractores de incivilidades ha generado opiniones encontradas. Algunos ven en esta propuesta una herramienta necesaria para recuperar el orden en nuestras ciudades; otros advierten riesgos para los derechos individuales. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe una pregunta de fondo que Chile debe enfrentar con honestidad: ¿estamos dispuestos a aplicar el mismo estándar de responsabilidad a todos quienes dañan la convivencia social?
Durante demasiado tiempo hemos caído en una falsa dicotomía entre orden y justicia. Como si exigir respeto por el espacio público fuera incompatible con la defensa de los derechos ciudadanos. La realidad demuestra exactamente lo contrario: las sociedades más libres son también aquellas donde las normas se cumplen y donde las instituciones tienen la capacidad de hacerlas respetar.
Por ello, resulta legítimo debatir mecanismos que permitan identificar y sancionar a quienes reiteradamente destruyen bienes públicos, protagonizan actos vandálicos o afectan la tranquilidad de las comunidades. La ciudadanía tiene derecho a vivir en ciudades limpias, seguras y ordenadas. El espacio público pertenece a todos, y su destrucción perjudica especialmente a quienes tienen menos recursos para protegerse de sus consecuencias.
Pero si vamos a avanzar en esa dirección, debemos hacerlo con coherencia. El orden no puede transformarse en una herramienta que persiga únicamente ciertas conductas mientras ignora otras que generan daños igualmente graves para la sociedad.
Quien destruye una plaza, quema infraestructura pública o participa en actos violentos debe responder por ello. Pero también debe responder quien utiliza un cargo público para favorecer intereses particulares, quien defrauda al Estado, quien vulnera la probidad administrativa o quien engaña a miles de personas mediante esquemas fraudulentos desde una empresa o una posición de poder.
Por eso, junto con debatir un registro de vándalos e incivilidades, Chile debería avanzar también en registros públicos de condenados por corrupción, faltas graves a la probidad y delitos que atenten contra la fe pública. Del mismo modo, un registro de empresas condenadas por fraudes relevantes permitiría fortalecer la transparencia y entregar información valiosa a consumidores, trabajadores y al propio Estado.
La señal sería clara: el país no tolera la impunidad, venga de donde venga.
Porque la confianza en las instituciones no se recupera únicamente con más sanciones. Se recupera cuando los ciudadanos perciben que las reglas son iguales para todos. Cuando el joven que destruye un paradero sabe que enfrentará consecuencias, pero también cuando el funcionario corrupto, el empresario que defrauda o la autoridad que abusa de su cargo entienden que tampoco gozarán de privilegios.
La verdadera fortaleza del Estado de Derecho no consiste en castigar más, sino en castigar con justicia. No consiste en perseguir a unos pocos, sino en aplicar la ley sin apellidos, sin influencias y sin clasismo.
Chile necesita recuperar el orden. Pero necesita, al mismo tiempo, recuperar algo aún más importante: la convicción de que la ley es la misma para todos. Esa es la base de cualquier convivencia democrática y el único camino para reconstruir la confianza ciudadana en nuestras instituciones.