Hay una pregunta que no he podido dejar de hacerme desde el incendio ocurrido hace un par de semanas en la comuna: ¿qué tiene que pasar para que una tragedia sea considerada lo suficientemente importante como para movilizar una respuesta robusta del Estado?
Frente a este cuestionamiento, usualmente surge una respuesta tan ambigua como alarmante: depende. Pero me pregunto, ¿de qué depende?
¿Depende del número de familias afectadas? Porque la experiencia nos dice que cuando son cientos de viviendas destruidas, el país entero se moviliza, las autoridades viajan, los recursos se ponen a disposición y las soluciones se suelen anunciar con urgencia. Pero cuando se trata de nueve casas en un campamento, la tragedia parece quedar destinada a unas pocas líneas en la prensa local.
¿Depende del lugar en el que ocurre? Porque pareciera que un incendio en un campamento es asumido como una consecuencia natural de vivir allí. Como si el territorio redujera el valor de la pérdida o hiciera menos urgente la necesidad de una solución y la obligación de las autoridades de proteger a sus ciudadanos.
¿Depende del impacto mediático? Quizás el problema es que este tipo de tragedias atraen la cobertura reactiva de los medios de comunicación, pero no hay seguimiento si no es sensacionalista. Un par de entrevistas, algunas fotografías, una visita protocolar y, cuando se van las cámaras, pareciera irse con ellas la urgencia. Pero las familias se quedan ahí, intentando reconstruir sus vidas entre escombros, con la esperanza puesta en la solidaridad ciudadana.
Existe otra posibilidad, quizás la más peligrosa de todas: que nos estemos acostumbrando. Que los incendios en campamentos ya no sorprendan, que las pérdidas materiales sean parte del paisaje y que incluso la pérdida de la corta vida de un niño alcance solo para algunos días de titulares antes de ser reemplazada por la siguiente noticia.
Si esa es la explicación, el problema ya no solo es institucional. Es un fracaso colectivo.
Porque cuando nos acostumbramos a que miles de familias vivan en condiciones donde un chispazo puede arrasar con todo, cuando aceptamos que la respuesta pública se limite a poner “paños de agua tibia”, y cuando medimos la relevancia de una tragedia por el lugar, o a las personas a las que le ocurre o por el número de viviendas afectadas, estamos aceptando, aunque no lo reconozcamos, que hay vidas que importan menos que otras.
Y un país que acepta esa lógica no solo abandona a quiénes viven en campamentos; abandona también la promesa de igualdad de derechos sobre la que dice construir su convivencia.