El 19 de octubre de 1973, los cerros de Topáter quedaron mudos del terror y del horror por los ejecutados de la Caravana de la Muerte, cuya sangre cubrió el desierto de Atacama.
En Antofagasta, catorce prisioneros políticos fueron sacados de la cárcel y fusilados en la Quebrada El Way. Horas después, en Calama, otros veintiséis hombres tuvieron que pasar por el mismo horror: fueron retirados de la cárcel pública —varios de ellos ya juzgados por consejos de guerra y condenados a penas menores— y ejecutados sin juicio alguno en el desierto. Ninguno volvió a casa. Fueron antofagastinos y calameños, que los apartaron forzosamente de sus familias y sueños. Y al quitarles la vida, mutilaron no solo sus cuerpos, sino también a familias enteras: madres, esposas e hijos.
No eran combatientes ni enemigos en ningún campo de batalla como solían decir quienes se tomaron el poder en aquel tiempo. Eran mineros y choferes de Chuquicamata, profesionales, comerciantes, un joven periodista y un dirigente estudiantil. Hombres, cuyo único “delito” fue organizarse y creer en un país más justo.
Los cuerpos fueron enterrados clandestinamente en un área cercana al kilómetro 13 de la ruta Calama–San Pedro de Atacama, sitio de inhumación de las 26 víctimas. Pero ni siquiera ahí los dejaron descansar: los cuerpos fueron removidos ilegalmente en la operación conocida como “retiro de televisores”, destinada a borrar toda huella de los crímenes.
En Tocopilla, entre septiembre y octubre de 1973, doce hombres fueron asesinados y uno permanece desaparecido: algunos fusilados en la mina La Veleidosa y arrojados a su pique, otros muertos en sus propias celdas de la comisaría, bajo versiones oficiales de fugas que nunca existieron.
En la pampa de Sierra Gorda, la antigua oficina salitrera de Chacabuco se convirtió en campo de prisioneros por el que pasaron, según la Comisión Valech, entre 2.500 y 3.000 personas. El desierto que hoy nos da cobre, estrellas y trabajo fue también, en esos años, escenario de miedo, de encierro y de muerte.
Escribo esto con el cuidado que el tema exige, sabiendo que en Chile sigue doliendo y que no todos lo miran desde el mismo lugar. Pero hay un piso que debería unirnos: nada, ningún contexto ni ninguna crisis política, justifica fusilar a personas indefensas, y ocultar sus cuerpos. En distintos países avanzan discursos que rehabilitan a las dictaduras, que reducen crímenes documentados por tribunales y comisiones de verdad a “excesos aislados”.
También crecen las voces que relativizan o que piden dar vuelta la página sin haberla leído. Pero lo ocurrido en Calama jamás puede repetirse: la justicia lo acreditó y condenó en forma definitiva a militares en retiro por estos crímenes.
No podemos permitir que el negacionismo sea una forma más en el debate, se debe nombrar las cosas como son; una segunda forma de violencia contra quienes ya lo perdieron todo, y una puerta abierta a que lo inaceptable vuelva a parecer razonable. No podemos permitir esto.
Por eso, hacer memoria cada 19 de octubre, debe ser tomado como un ejercicio de reflexión y aprendizaje. Un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia. Aprender de lo que ocurrió acá en el norte significa enseñar en nuestras escuelas, con nombres y rostros, lo que pasó en Calama, Antofagasta y Tocopilla. Significa que el Estado no abandone la búsqueda ni la identificación de quienes aún faltan.
Cada octubre, bajo el cielo más limpio del planeta, las familias vuelven a nombrarlos. Carlos Berger. José Gregorio Saavedra. Los hermanos Hernán y Luis Moreno. Domingo Mamani. Carlos Escobedo. Mario Argüelles. José Rolando Hoyos. Eugenio Ruiz-Tagle. Claudio Tognola. Vicente Cepeda. Y tantos otros. Nombrarlos, es una forma de devolverles lo que se les quitó: su lugar entre nosotros. A cincuenta y tres años, la deuda sigue abierta y el compromiso también. Se lo debemos a ellos, a sus familias, a las mujeres que araron la pampa con sus manos.
Mientras nosotros sigamos vivos, seguiremos exigiendo verdad, justicia y reparación.