La reciente renuncia del ex Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, ha generado un gran revuelo debido a los cuestionamientos en torno al convenio que otorgó $426 millones de pesos a la Fundación Democracia Viva, presidida por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez en la región.
Una situación que pone de relieve la preocupación por el uso de recursos públicos y los conflictos de interés. Los llamados “pitutos” y el nepotismo, la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos, convenios o contratos a familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su afinidad personal o militancia.
El nepotismo no es un fenómeno nuevo en Antofagasta y ha dejado huellas históricas en nuestra región. Uno de los ejemplos más notorios es el denominado “clan Araya”, que salió a la luz cuando se reveló que el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta estaba lleno de familiares y amigos de esta familia de políticos en altos cargos, recibiendo sueldos millonarios. Posteriormente, renunciaron y demandaron a la universidad, que accedió a pagarles indemnizaciones exorbitantes. En paralelo, se investigaba la pérdida de instrumental médico debido a la mala gestión.
En aquella época, el Frente Amplio y la diputada Catalina Pérez criticaron duramente esta situación. Por esta razón, resulta injustificable que ahora sea este mismo sector político el que incurra en prácticas similares, otorgando convenios y contratos a parientes, amigos, familiares y militantes.
No discutiremos acá la legalidad o ilegalidad de estas contrataciones, ello deben determinarlo las instituciones correspondientes, pero el tema de fondo es la mala señal que se entrega a la comunidad y el daño a la fe pública. Estos casos contribuyen al descrédito de la actividad política y alimentan la sensación en la opinión pública de que los amiguismos y los “pitutos” regulan los gobiernos a nivel central, regional y comunal.
El mismo presidente Boric decía en campaña que “En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto”. El llamado entonces es a hacerlo patente, hay miles de profesionales competentes, sin militancia política o amiguismos, que confiaron en este gobierno y podrían ser un aporte para su gestión, pero no han recibido la oportunidad porque no pertenecen a ningún “lote” y la prioridad parecen tenerla los operadores. Y cuando se privilegia el amiguismo, el pituto o el partidismo, además de la confianza pública, es la propia calidad de la gestión la que se ve afectada, como pasó en el caso del hospital clínico de la UA en su primera etapa. No se puede repetir el mismo error.
Un error que además permite que políticos se hagan un festín, como es el caso del partido republicano, con José Antonio Kast a la cabeza, que ha cuestionado duramente -y con razón- este convenio, aunque claramente no hace lo mismo con los casos que afectan a su sector. No se le vio cuestionar con la misma fuerza la contratación millonaria de hoteles residencias sanitarias durante la pandemia, que en la región incluyó a la familia del diputado José Miguel Castro o el empleo de su yerno en el Ministerio de Educación durante la administración de Sebastián Piñera. Y la crítica a los “pitutos” fue también una bandera de campaña para políticos como el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, quien ha cuestionado esta forma de hacer política, si bien luego la hizo propia y tiene en la actualidad a amigos y cercanos sin mayor experiencia en gestión pública con millonarios contratos en la municipalidad de Antofagasta. Y conocemos los resultados.
Es cierto que este tema ha sido utilizado para obtener réditos políticos y criticar al gobierno. Sin embargo, esto sucede porque el gobierno lo permite en primer lugar.
Es fundamental que todas las autoridades tomen medidas contundentes para erradicar estas prácticas y promover una gestión transparente y basada en el currículum, competencias y méritos profesionales, antes que en los amiguismos. La confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y en la clase política está en juego, y es responsabilidad de todos trabajar en conjunto para restaurarla y construir un futuro más justo y equitativo para Antofagasta.
