Una investigación de la Unidad de Delitos Violentos de la Fiscalía de Antofagasta y Carabineros permitió condenar a dos imputados colombianos por su participación en una serie de robos que afectaron a pequeños almacenes de la ciudad.
Al primero de los imputados, identificado como Víctor Alfonso Leudo Córdova, se le impuso la pena de 13 años de presidio por tres delitos de robo con intimidación, mientras que su compatriota Luis Fernando Ruiz Escobar fue condenado a 15 años y un día por cinco delitos de robo con intimidación y violencia, además de 3 años y un día por porte ilegal de arma de fuego prohibida.
Según la investigación realizada, ambos sujetos participaron en diversos delitos cometidos en mayo y junio de 2024, los que afectaron a pequeños establecimientos comerciales ubicados en calles Nilda Madrid, Hernán Naranjo, Talcahuano, Peine, Araucanía, Punta Arenas y Calbuco de Antofagasta.
En todos los casos, los imputados, en conjunto o por separado, y en ocasiones también acompañados por terceros no identificados, intimidaron a empleados de estos locales con armas que aparentaban ser de fuego, exigiendo la entrega de dinero y especies personales.
Los sujetos actuaban de manera extremadamente violenta, tanto así que varios de los afectados resultaron con lesiones debido a golpes recibidos durante los robos.
Tras un intenso trabajo investigativo donde participaron funcionarios de la SIP de la Segunda Comisaría, bajo dirección del Ministerio Público, fue posible determinar la identidad de los sospechosos y el lugar donde ambos vivían, lo que permitió finalmente su captura pocas semanas después de los hechos.
Durante el procedimiento policial se recuperó una pistola traumática adaptada para el disparo con un cargador en cuyo interior había 2 cartuchos de fogueo modificado, la cual habría sido empleada en los asaltos.
En su fallo, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta expresa que, no reuniendo los condenados los requisitos previstos en la Ley N° 18.216, una vez ejecutoriada la sentencia, las penas impuestas deberán cumplirse de manera efectiva, contando a su favor el tiempo que ambos han permanecido en prisión preventiva, esto es, desde el 26 de junio de 2024.
Las defensas de los condenados disponen ahora de un plazo para recurrir en contra de la sentencia del tribunal.