Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Antofagasta, con el apoyo de diversas unidades especializadas de la PDI, ejecutaron un operativo de fiscalización reforzada en la comuna de Mejillones. La intervención se focalizó en distintos locales comerciales y en el campamento Internacional de dicha localidad, zonas priorizadas debido a la alta concentración de población extranjera. Las acciones forman parte de la estrategia permanente de la policía civil para fortalecer el control migratorio y contribuir de manera directa a la seguridad pública en la región.
Durante el despliegue policial se verificó la situación de un total de 52 personas extranjeras, el cual estuvo compuesto por 26 ciudadanos colombianos, 15 bolivianos, siete venezolanos, dos peruanos y dos haitianos, además de realizarse el control de identidad a dos ciudadanos chilenos. Como resultado inmediato de las consultas, ocho extranjeros fueron denunciados a las autoridades competentes por infracciones a la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, de los cuales seis correspondieron a ingresos por pasos no habilitados al territorio nacional.
El hito de mayor relevancia de la jornada se concretó al detectar a un ciudadano colombiano que registraba una orden de expulsión administrativa vigente, dictada previamente por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones de Antofagasta. El infractor quedó bajo custodia inmediata de la PDI a la espera de la materialización de su salida del país mediante un vuelo institucional. Asimismo, los detectives aprovecharon la instancia en terreno para notificar formalmente a otros seis extranjeros —dos colombianos y cuatro venezolanos— que mantenían procesos y resoluciones de expulsión pendientes.
El jefe del Departamento de Migraciones regional, subprefecto Christian Escobar, explicó que este tipo de fiscalizaciones focalizadas e interconectadas responden a una planificación coordinada para hacer cumplir el marco normativo vigente. El jefe policial enfatizó que detectar de forma oportuna a personas con medidas administrativas pendientes y materializar los decretos de expulsión vigentes permite no solo sancionar las infracciones de la legislación legal, sino también devolver el orden público y garantizar una migración segura y regular para los vecinos de Mejillones.