VIDEO | Operación Raudal: Policía de Investigaciones desarticula clan familiar dedicado al microtráfico en Antofagasta

Un trabajo coordinado entre la Brigada Antinarcóticos de la PDI y la Fiscalía Regional permitió desarticular puntos de venta de sustancias ilícitas operados por un clan familiar, dejando dos detenidos en prisión preventiva, además de la incautación de drogas, dinero y armamento.

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La Brigada Antinarcóticos Antofagasta, en coordinación con la Fiscalía Regional, desarrolló la “Operación Raudal”, permitiendo desarticular puntos de microtráfico operados por un clan familiar en la capital regional. Las diligencias investigativas establecieron que los involucrados utilizaban distintos inmuebles para la comercialización de sustancias ilícitas en la ciudad.

Para concretar la intervención, se gestionaron las respectivas autorizaciones judiciales de entrada y registro mediante un trabajo interregional que contó con el apoyo de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Norte (Preconor), la Prefectura Provincial Antofagasta y el Equipo de Reacción Táctica (ERTA) de Arica. El despliegue policial permitió allanar los domicilios investigados.

El procedimiento culminó con la incautación de 94,57 gramos de ketamina, 11,56 gramos de cannabis, 3,91 gramos de cocaína base y psicotrópicos depresor, además de $1.725.740 en efectivo, teléfonos celulares, cuatro pistolas de aire comprimido, un rifle, una escopeta de aire comprimido, cargadores, una mira holográfica y un cuchillo táctico.

El subprefecto Rafael Collao Ramírez destacó que la operación es el resultado de un trabajo coordinado con el Ministerio Público y el uso de técnicas especiales de la Ley N° 20.000 que facilitaron la identificación de los puntos de venta. La intervención dejó un saldo de dos personas de nacionalidad chilena detenidas, mientras que una tercera quedó apercibida.

Finalmente, la Fiscalía SAC formalizó a los dos detenidos por el delito de microtráfico. El imputado quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad, en tanto la imputada quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse al domicilio, fijándose un plazo de investigación de 120 días.

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