La diputada Catalina Pérez expresó públicamente su preocupación y rechazo ante la publicación de filtraciones provenientes de la carpeta investigativa de la Fiscalía, en el marco de la causa que la involucra por presunto fraude al fisco en el denominado Caso Democracia Viva. En un comunicado emitido este viernes, Pérez calificó las filtraciones como una “estrategia comunicacional” que desvía el foco del esclarecimiento de los hechos.
Pérez reiteró su inocencia en relación con las acusaciones de fraude al fisco y aseguró que los mensajes filtrados no respaldan las imputaciones en su contra. “Nunca intervine de ninguna manera en la suscripción de convenios, no hice nada para que estos convenios se concretaran, no recibí ni un peso de ellos, y no conocía de los detalles financieros u operacionales de los mismos“, afirmó.
La diputada explicó que confió en su pareja de aquel entonces, Daniel Andrade, y que solo fue conociendo detalles de los convenios cuando el caso estalló en los medios de comunicación. Además, se refirió a los mensajes filtrados, describiéndolos como conversaciones privadas previas y posteriores a la firma de los convenios. “Me equivoqué al intentar ayudarlo en lo que, en ese momento, consideré una crisis comunicacional“, admitió, pero enfatizó que estos mensajes no constituyen prueba de los delitos que se le imputan.
Acusaciones de invasión a su privacidad
Pérez también denunció lo que calificó como un “exceso” por parte de la Fiscalía, al supuestamente incluir información ginecológica en la investigación.
“Me parece miserable. Como no existen evidencias para acusarme de tráfico de influencias, ni de fraude al fisco, ahora buscan en mis fichas médicas y ginecológicas un fundamento para culparme. ¡Este es un exceso que no tiene nombre!“, afirmó.
La parlamentaria hizo un llamado a que se garantice un proceso justo y transparente, centrado en los hechos, y rechazó lo que describió como una “persecución” que afecta tanto su vida personal como su carrera política.
Antecedentes del caso
El Caso Democracia Viva ha generado amplio debate nacional debido a la presunta malversación de fondos en convenios entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, durante la gestión de Carlos Contreras y Daniel Andrade, pareja de Pérez en ese entonces. La Fiscalía busca el desafuero de la diputada para proceder con su formalización, argumentando que los mensajes filtrados respaldan sus imputaciones.
La audiencia de desafuero está programada para el 10 de febrero en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en lo que promete ser un hito clave en el desarrollo del caso.