El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una ampliación de querella contra el exalcalde de Calama y exdelegado presidencial de Antofagasta durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Daniel Isaías Agusto Pérez, por su presunta participación en un delito de fraude al fisco que habría causado un perjuicio de al menos $190 millones en fondos de salud pública.
La acción judicial, ya acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Calama, también incluye al exdirector de salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama (COMDES), Humberto Patricio Argandoña Catur, a quien el CDE también señala como autor del delito.
Una operación irregular para adquirir propiedad de familiares
La investigación del Ministerio Público y los antecedentes aportados por el CDE detallan que en 2018, bajo la administración de Agusto como presidente de la COMDES, se concretó la compra con fondos públicos de un inmueble perteneciente a su prima hermana, Jubitza Tapia Pérez, y su familia, por un monto de $190 millones, pese a que el avalúo fiscal del terreno no superaba los $46 millones.
La adquisición fue justificada como parte de un supuesto proyecto de clínica dental comunitaria, que nunca se ejecutó. Según los antecedentes, no existía planificación técnica ni respaldo legal para usar los fondos de salud en este fin, los cuales tenían una destinación específica según la ley de presupuestos.
Además, el terreno permaneció abandonado por años, e incluso se intentó justificar la compra cambiando el uso del inmueble a una “droguería comunal”, que tampoco se concretó.
Exdelegado y vínculos políticos
Daniel Agusto Pérez, abogado de profesión, no solo fue alcalde de Calama entre 2016 y 2021, sino que luego asumió como delegado presidencial de Antofagasta durante el segundo mandato de Piñera. A pesar de las advertencias de concejales y de informes de la Contraloría que alertaban de posibles delitos, el exjefe comunal no tomó medidas para revertir ni transparentar la cuestionada compra.
El CDE sostiene que Agusto no solo conocía de antemano la operación, sino que además consintió activamente la defraudación, omitiendo sus deberes de control y fiscalización. El organismo remarca que, dado su cargo y formación legal, tenía plena conciencia de la ilegalidad de los hechos.
Medidas cautelares y vehículos en la mira
En paralelo, el CDE solicitó al tribunal la aplicación de medidas cautelares reales contra Humberto Argandoña, que incluyen la prohibición de celebrar actos o contratos sobre cinco vehículos de alta gama de su propiedad, con el fin de asegurar una eventual indemnización al Fisco.
El Consejo argumenta que los bienes identificados son insuficientes para cubrir el perjuicio total causado, y anunció que presentará una demanda civil de indemnización de perjuicios contra ambos querellados en la etapa procesal correspondiente.
Contexto del caso
Este nuevo capítulo se suma a la causa en la que otros funcionarios de la COMDES fueron condenados por fraude al fisco, en hechos relacionados con el mal uso de recursos públicos. En esa línea, el Ministerio Público formalizó a Daniel Agusto en mayo de 2024, tras lo cual estuvo algunos días en prisión y luego quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la municipalidad.
La formalización de Humberto Argandoña ocurrió en agosto de 2025, y también se encuentra con las mismas medidas restrictivas mientras avanza la investigación.