El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó con carácter de Suma Urgencia el Proyecto Pro Seguridad.
La iniciativa contempla 8 principales medidas, destacando la incorporación de la Seguridad Pública como un Deber del Estado.
Se establecen nuevas medidas contra el Crimen Organizado, proponiendo habilitar regímenes penitenciarios diferenciados.
Se proyecta la creación de un registro de Organizaciones Criminales, entregando la Facultad al Jefe de Estado para declarar e individualizar un grupo antisocial.
El Proyecto también contempla la creación de un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, el que podría extenderse por 120 días cuando exista una amenaza grave contra la Seguridad Pública por ocurrir o ocurrida.
El Presidente podrá suspender o restringir la libertad personal, de reunión o locomoción.
Finalmente, la iniciativa señala que el Senado debe aprobar o rechazar algunas situaciones establecidas en el cuerpo legal.