Un reportaje de Teletrece reveló que el senador por la Región de Antofagasta, Pedro Araya, contrató en distintos períodos como asesoras parlamentarias a las dos hijas de su pareja, la exministra de Justicia Javiera Blanco.
Se trata de Ignacia y Antonia Amunátegui Blanco. Actualmente, Antonia forma parte del equipo del parlamentario como asesora legislativa y parlamentaria y, según los antecedentes difundidos por Canal 13, recibe una remuneración superior a los $2 millones mensuales.
Su hermana Ignacia también integró anteriormente el equipo de Araya. De acuerdo con la investigación, dejó de trabajar para el senador en octubre de 2025 y, al mes siguiente, Antonia comenzó a desempeñarse como su asesora.
El caso fue dado a conocer en medio de una discusión instalada al interior del Senado respecto de las contrataciones realizadas con recursos públicos cuando existen vínculos familiares o personales entre parlamentarios y quienes pasan a integrar sus equipos.
Araya defiende las contrataciones
Consultado por Reportajes Teletrece, Pedro Araya defendió la incorporación de Antonia Amunátegui a su equipo y sostuvo que la decisión respondió a sus antecedentes profesionales.
El parlamentario destacó que se trata de una abogada con experiencia principalmente en el ámbito privado y explicó que requería una persona de confianza para desempeñarse como su asesora jurídica.
Respecto de su relación con Javiera Blanco, Araya enfatizó que no mantiene parentesco con las hijas de su pareja.
“Yo no tengo una relación de parentesco ni con Ignacia ni con Antonia, no son parientes míos. Además, es de público conocimiento que son hijas de mi pareja, pero yo no tengo ningún grado de parentesco con ellas dos”, señaló el senador a Teletrece.
Asesora e influencer: promociones desde dependencias del Congreso
El reportaje reveló además otra arista relacionada con las actividades que Antonia Amunátegui desarrolla paralelamente a su trabajo como asesora parlamentaria.
Además de sus funciones en el equipo de Pedro Araya, mantiene actividad como influencer en redes sociales, donde promociona distintas marcas de ropa. Según informó Teletrece, algunas de estas publicaciones promocionales fueron realizadas desde dependencias del Congreso Nacional.
Consultado sobre esta situación, Araya señaló que este tipo de comportamiento debe entenderse en el contexto de las prácticas de las generaciones más jóvenes, pero no aclaró el punto de la promoción de marcas desde dependencias del congreso.
“Tenemos que entender lo que son las generaciones jóvenes, que muchas veces deciden mostrar lo que están haciendo en su lugar de trabajo, cuando salen a comer (…) porque es parte de la cultura que tienen hoy los jóvenes”, sostuvo.
El antecedente abre también interrogantes respecto del uso de espacios institucionales para la generación de contenidos asociados a actividades comerciales privadas. Hasta ahora, los antecedentes difundidos por Teletrece no establecen que estas publicaciones constituyan una infracción a la normativa del Congreso.
Debate por contrataciones de personas cercanas
La situación de Araya aparece en momentos en que la Comisión de Ética del Senado mantiene bajo revisión otros casos relacionados con contrataciones de personas cercanas a parlamentarios.
Entre ellos se encuentran situaciones vinculadas a las senadoras Camila Flores y Fabiola Campillai, que han alimentado la discusión respecto de los límites y estándares que deberían regir la contratación de asesores financiados con recursos públicos.
En el caso de Araya, el senador sostiene que no existe parentesco con las hijas de Javiera Blanco y que las contrataciones se justifican por sus capacidades profesionales.
El director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, planteó una mirada diferente en declaraciones recogidas por Teletrece, apuntando a que el análisis de este tipo de situaciones no se agota necesariamente en la existencia jurídica de parentesco, sino también en el vínculo personal que existe detrás de la contratación.
De esta forma, el caso incorpora un nuevo antecedente al debate sobre vínculos personales, mérito profesional y contratación de asesores con recursos públicos, mientras el Senado analiza los estándares aplicables a este tipo de situaciones.
Fuente: Reportajes Teletrece.