Dos funcionarios municipales se encontraban en comisión de servicio en Santiago, mientras que Eslayne Portilla y el resto de las cartas de la defensa de Sebastián Quinzán no se presentaron. Audiencia fue reprogramada para el mes de agosto.
Un aplazamiento por tres meses fue el resultado de la audiencia que se realizó este viernes en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en marco del proceso que la diputada Marcela Hernando mantiene contra el asesor político de la alcaldesa Rojo, Sebastián Quinzán, quien enfrenta una querella de injurias y calumnias luego de aseverar públicamente que Hernando, en su calidad de médico cirujano, entregó licencias falsas a funcionarios municipales para que trabajaran en su última campaña electoral.
La parte acusadora indicó que la inasistencia de todos los testigos de la defensa es una estrategia para dilatar el resultado de la acusación judicial, que en esta última jornada podría haberse resuelto respecto del destino penal del querellado, quien arriesga una pena de hasta 3 años de cárcel.
Testigos municipales
Alfredo Fuentes, jefe del Departamento de Rentas de la casa consistorial y Ángela Tejeda, inspectora técnica de la Dirección de Medio Ambiente, ambos miembros de la directiva de la Asociación de Funcionarios Municipales de Antofagasta (ASEMUCH), fueron enviados en comisión de servicio a la ciudad de Santiago, mientras que Adela Pantoja, quien trabaja en un programa social del municipio, declinó de participar. Eslayne Portilla, asesor general de la CMDS y Yasna Collao, conocida dirigenta social, tampoco asistieron a la cita, dando espacio a que el abogado defensor, Mauricio Suazo, solicitara la reprogramación de la audiencia, lo que sólo puede requerir en una ocasión.
Pena de reclusión
El libelo acusatorio contra Quinzán expresa que el argentino incurrió en el delito de injurias graves con publicidad contemplado en el 417 N° 3 en relación con el número 418 del Código Penal, por cuanto sus acusaciones no sólo repercutieron en la imagen de Hernando, sino que además afectó la honra de la parlamentaria al atribuirle un delito que afecta su condición y prestigio como médico. El artículo 418 del Código Penal sanciona el delito de injurias graves por escrito y con publicidad con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio (hasta 3 años de cárcel) y una multa de 11 a 20 UTM.
Indemnización de perjuicios
Jessica Richards, quien al momento de sufrir la difusión pública de sus datos médicos por parte del asesor trasandino se desempeñaba como secretaria en el Departamento de Tesorería del municipio, fue cesada de su trabajo hace dos meses, tiempo después de que la Corte de Apelaciones acogiera un recurso de protección interpuesto contra Quinzán y la Municipalidad de Antofagasta, representada legalmente por la alcaldesa Karen Rojo, y ordenando retirar de toda publicación cualquier copia de la licencia de Richards y estableciendo el cese del acoso laboral del cual fue víctima la funcionaria. Hoy, sin trabajo y soportando aún la consecuente exposición social, prepara una inminente demanda civil contra el municipio y el asesor, persiguiendo una indemnización de perjuicios.
