Piden derogar la Ley de Amnistía para juzgar a los asesinos de la dictadura

Parlamentarios de oposición solicitaron al gobierno que coloque suma urgencia al Decreto Ley de Amnistía, que es considerado como el gran escollo legal que impide investigar las muertes y juzgar a los culpables de la represión política en el país, tras el golpe de estado.

A 40 años de la intervención norteamericana en Chile, los familiares de las víctimas de la dictadura militar en la región y el país aún esperan justicia.

Cuatro diputados de partidos de oposición solicitaron nuevamente al Ejecutivo que sume urgencia a la derogación del Decreto Ley de Amnistía, siendo Chile un caso excepcional donde son pocos los violadores a los derechos humanos que terminaron en la cárcel.

La abogada Carmen Hertz, viuda del periodista Carlos Berger,  asesinado por la “Caravana de La Muerte” en Calama, destacó que estos crímenes han sido castigados en todo el mundo, en casos como el Holocausto alemán, o bien en Argentina, donde el Parlamento derogó la Amnistía. La detención de Pinochet en Londres ejemplifica que la jurisdicción universal no permite que estos delitos de lesa humanidad queden sin sanción.

“Este tipo de crímenes no son susceptibles de beneficio alguno, ni de indulto, ni media prescripción, no tienen perdón ni olvido. Deben ser castigados por el estado donde se cometieron, y perseguibles en todo el mundo, sujetos a la jurisdicción universal”, indicó.

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A juicio de Carmen Hertz, son varios los informes internacionales que exigen al Estado de Chile a cumplir con compromisos a nivel global, por lo que se expone incluso a un juicio en caso de no garantizar el acceso a un juicio justo: “Debe ser anulada, es un deber que Chile tiene ante la comunidad internacional, hay decenas de informes de la CIDH a que este decreto ley no puede ser parte de la normativa de orden interno, porque nos estamos transformando en un estado que no cumple sus compromisos internacionales”.

Impunidad

Durante los primeros diez años de la dictadura, ante la justicia se presentaron más de cinco mil 400 recursos de amparo de personas perseguidas por organismos de Estado. De ellos, sólo diez fueron cursados por el Poder Judicial, estas omisiones fueron calificadas como “sentencia de muerte” por los abogados, sumado a la Ley de Amnistía, que luego dejó sin sanción los crímenes cometidos hasta 1978 por las Fuerzas de Orden en el país.

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