En orden a viabilizar la renovación de buses del transporte público, y especialmente para garantizar el acceso a personas con discapacidad en regiones, es que la diputada Marcela Hernando (PR) y la presidenta de la Comisión de Transporte de la Cámara Baja, Jenny Álvarez, se reunieron con el ministro Andrés Gómez-Lobo. En la ocasión la representante por la Región de Antofagasta detalló al secretario de estado su proyecto de ley ingresado en septiembre del 2015 en orden a exigir a las empresas de transporte público requisitos mínimos sobre la renovación y mejoramiento de sus máquinas.
Centralismo
“Sabemos que en Santiago el problema es menor, y es menor porque el Transantiago ha incorporado mobiliario urbano que es acorde con los equipos de transporte y por lo tanto las plataformas o la forma de desplazarse desde una vereda hasta el bus mismo no es un impedimento para una silla de ruedas o para alguien que se desplaza con muletas o con otro tipo de soporte”, indicó Hernando, cuyo proyecto consigna que más del 97% de los buses del Transantiago de más de 9 metros son accesibles a personas con Discapacidad. “Es decir, el 75% de la flota es accesible”, señala el texto.
Por lo que la parlamentaria 
explico enfática que urge que en provincia también se pueda contar con este tipo de accesos. “En regiones esto no ocurre. Entonces venimos desde el año pasado proponiéndole al ministro que a través de los recursos de ‘chatarrización’, que se están usando para mejorar las flotas de vehículos de las regiones, se aproveche la oportunidad de establecer un porcentaje de máquinas que se provean por esa vía y que sean adecuadas para el y transporte de personas con capacidades diferentes”, explicó la parlamentaria, quien es miembro de Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, instancia que además de la comisión de transporte, también deberá revisar su iniciativa de ley.
Proyecto
El texto establece un límite a la antigüedad que deberán tener los microbuses en servicio , debiendo además cumplir con un mínimo de un 30% de su flota con accesibilidad total para personas en situación de discapacidad. Además, los microbuses que cuenten con esta tecnología deberán tener una señalización especial para ser reconocidos, y el incumplimiento de la normativa podrá ser sancionado con multas equivalentes a 50 UTM.
