Habitantes del pueblo ubicado en la región de Atacama, destacaron que la decisión de la corte en ningún caso otorga una “luz verde” a la Termoeléctrica Castilla y que agotarán todas las instancias judiciales, además de mantener las acciones legales contra el Seremi de Salud de la zona y la Comisión de Evaluación Ambiental.
Preocupados y en alerta se encuentran los vecinos del pueblo de Totoral, ante el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que rechazó tres de los numerosos recursos de protección interpuestos contra el Proyecto “Puerto Castilla”.
Mediante un comunicado firmado por la Junta de Vecinos de Totoral, los habitantes del pueblo lamentaron el fallo y destacaron que resulta evidente que la función de Puerto Castilla “es recepcionar el carbón que necesitaría Termoeléctrica Castilla para operar”.
“La pretendida “luz verde” de la que se ufana la empresa del millonario brasileño Eike Batista en los medios de comunicación, luego de publicado este fallo, más que posibilitar la termoeléctrica más grande de Latinoamérica, lo único que hace es demostrar que este puerto sí está íntimamente relacionado al megaproyecto Central Termoeléctrica Castilla”, agregan.
Los pobladores también expresaron que “resulta incomprensible que un recurso de protección que afecta a las comunidades de Copiapó se tramite ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, a más 500 kilómetros del lugar donde viven los directamente afectados”.
No obstante, se encuentran optimistas respecto a que la justicia actuará apegada a la institucionalidad jurídica nacional, en los otros recursos interpuestos contra el Seremi de Salud de Atacama por otorgar la calificación de industria molesta a la Central Termoeléctrica Castilla y contra la Comisión de Evaluación ambiental de la III Región por aprobar la misma termoeléctrica.
Finalmente, los vecinos reiteraron que mantienen inalterable su “convicción por la vida y la defensa de nuestros valores y entorno ecológico y social”; por lo cual seguirán adelante con las acciones legales, por lo que en ningún caso se trata de una “luz verde”, como pretende la empresa extranjera y que confían en que los tribunales optarán por proteger a “quienes hace más de 400 años residen en la zona ubicada a escasos kilómetros de donde pretende construirse el mega proyecto contaminante”.
