Maltrato y video sexual: Las denuncias de la Jefa de Prensa del Gobierno Regional de Antofagasta

El asesor denunciado Marcos Luza, junto al Intendente Marco Antonio Díaz.

Una serie de denuncias realizó la encargada de comunicaciones del Gobierno Regional de Antofagasta, Margarita Moll, quien presentó una demanda por maltrato laboral en contra del intendente Marco Antonio Díaz.

La periodista acusa un maltrato sistemático desde que asumió sus funciones en el Gobierno Regional, fundamentalmente por parte de dos asesores del Intendente Regional, el Jefe de Gabinete del Intendente, Marcos Luza, quien desempeñara el mismo cargo para la Diputada Paulina Núñez y el analista político Cristian Zamorano, recientemente desvinculado de la Intendencia.

Respecto a Zamorano la profesional acusa menoscabos (en varias ocasiones le habría indicado que no sabía escribir), comentarios burlescos, entre otras situaciones que constan en el escrito.

Publicidad

Video sexual

En su denuncia, Margarita Moll, quien se encuentra actualmente con licencia médica producto del estrés ante estas situaciones, acusa también al Jefe de Gabinete del Intendente, Marcos Luza, de enviarle un video sexual, en el que aparece un hombre teniendo relaciones sexuales con una mujer mientras tocaba guitarra, video acompañado de la frase “otra cosa es con guitarra”.

La profesional le manifestó al señor Luza encontrarse conmovida y ofendida por aquella falta de respeto, que al parecer se había equivocado con el video enviado y él riéndose le dice que no, que era para ella, indica el escrito presentado ante la justicia.

Colegio de Periodistas

Respecto a la denuncia, la directiva del Colegio de Periodistas de Antofagasta emitió un comunicado lamentando “la permanente ocurrencia de este tipo de casos al interior de la administración del Estado, y particularmente dentro del Gobierno Regional y los organismos sectoriales, incluyendo los despidos injustificados de funcionarios públicos, que desde comienzo de año a la fecha a nivel nacional ascienden a más de 2.700 casos, y que en general obedecen a razones políticas“.

Agrega además el gremio que esperan que la situación laboral y judicial de la profesional se resuelva acorde a derecho y a las garantías constitucionales que toda persona merece ver respetadas, haciendo un llamado “para que de una vez por todas aprendamos a tratarnos mutuamente más allá de nuestro género u orientaciones políticas, religiosas y sexuales, entre otros“.