El Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, se refirió a los cuestionamientos realizados desde sectores de oposición por diferentes convenios con la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, pareja de la diputada RD Catalina Pérez.
Se trata de tres convenios que suman $426 millones de pesos y que se orientan a intervenciones para erradicar los campamentos en Antofagasta.
La autoridad indicó que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) colabora con las organizaciones sin fines de lucro en su labor por mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables. En este sentido, en la región de Antofagasta, esta colaboración ha sido llevada a cabo desde el año 2019, a través de 74 convenios en diferentes etapas de ejecución, bajo la responsabilidad de 10 fundaciones reconocidas, entre ellas Techo, Fundación para la Superación de la Pobreza, Espacio Lúdico, Democracia Viva, Tomarte, Campamento de Ideas, Fibra, Urbanismo Social, Pro Cultura y Recrea.
En Antofagasta, donde habitan alrededor de 7 mil familias en campamentos, se han implementado diversas intervenciones en conjunto con estas organizaciones. Dichas acciones abarcan áreas como habitabilidad primaria, gastos de traslado transitorio, programas de acompañamiento social y comunitario, así como estudios previos para la urbanización y creación de barrios transitorios.
Respecto a los convenios con Fundación Democracia Viva, representada por la pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo indicaron que esta organización ha desarrollado su labor en tres convenios que involucran a 10 campamentos, enfocados en diagnósticos y mejoramiento de la habitabilidad primaria.
Estos convenios representan menos del 6% del presupuesto total asignado en la región, el cual alcanza los 7.900 millones de pesos, de los cuales 426 millones corresponden a las labores de la Fundación Democracia Viva. Desde el Minvu afirman que todos los convenios, incluyendo los 71 restantes, han seguido los trámites regulares y se proyecta que se cumplan en un plazo de 14 meses, con un avance programado hasta la fecha.
“Es usual y está normado que MINVU firme convenios con organizaciones sin fines de lucro. Existen procedimientos de control para su implementación y tanto los suscritos por la fundación Democracia Viva como las otras nueve fundaciones que se encuentran trabajando se encuentran en el marco de la normativa vigente“, explicó el Seremi de Vivienda, Carlos Contreras.
La autoridad añadió que al asumir como Seremi, “el equipo de jefaturas manifestó la necesidad de fortalecer los procesos y ampliar los colaboradores para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. En respuesta a ello, generamos un protocolo que establece condiciones y posteriormente instruí una auditoría con el fin de aclarar criterios y robustecer los procesos”.
Asimismo, detalló que el origen de los fondos y la regulación se originan en la ley de presupuesto general de la nación, que en su partida 18 capítulo 01, programa 02 correspondiente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo programa asentamientos precarios, establece las condiciones para las transferencias de capital, las cuales están expresamente orientadas a organizaciones gubernamentales y civiles sin fines de lucro que colaboran en el desarrollo de productos especificados desde el ministerio.
Finalmente detallan que el control del estado en estos convenios es total, ya que al menor incumplimiento se puede dar por terminado el convenio.