Un allanamiento a las oficinas del Gobierno Regional de Antofagasta realizó la mañana de este martes la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco del caso convenios.
En concreto, se investiga un convenio suscrito con la fundación ProCultura, por $629 millones, para la reparación de fachada de tres inmuebles del casco histórico, que alcanzan 2.400 metros cuadrados.
Tanto desde la mencionada fundación como desde el Gobierno Regional de Antofagasta indican que los recursos no consideran solamente la pintura de fachadas, sino además capacitaciones y talleres.
En total fueron dos computadores y un pendrive el material incautado por la Policía de Investigaciones desde el Gobierno Regional, con todos los antecedentes administrativos y financieros del convenio.
Asimismo, de acuerdo a Bryan Romo, jefe de la Unidad Jurídica del GORE, se hizo entrega voluntaria de los accesos de usuario de todos los funcionarios que estuvieron encargados de revisar el convenio.
“Desde el GORE celebramos que la investigación avance rápidamente, nosotros no tenemos nada que ocultar, todos los procedimientos están en orden y no tenemos ningún conflicto de interés y por lo tanto la investigación demostrará que el Gobierno Regional se ha apegado a los estándares de transparencia que el Gobernador se ha propuesto“, indicó Romo.
Asimismo, indicó que colaborarán con cualquier requerimiento adicional en el marco de la investigación.
“Celebramos que la investigación avance, sea rigurosa y lo más amplia posible, nosotros colaboraremos con cualquier requerimiento adicional de la Policía de Investigaciones o cualquier otra institución el Gobierno“.
Desde el Ministerio Público informaron que las diligencias son parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta a distintas fundaciones receptoras de recursos públicos para proyectos sociales, por lo cual funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI realizaron entrada, registro e incautación en los gobiernos regionales de Antofagasta y Maule, como también en los domicilios de las fundaciones Urbanismo Social en la comuna de Talca y Procultura en Las Condes.
Todas estas diligencias fueron solicitadas por el fiscal de la causa Cristian Aguilar Aranela, y autorizadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, con el objetivo de recabar información útil para el objetivo final de la investigación, que es determinar la existencia o no de eventuales delitos en la asignación o ejecución de proyectos sociales con fondos públicos.
Las diligencias fueron ejecutadas por personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Metropolitana, de Antofagasta y Talca.