En un fallo histórico, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ha dictaminado que el Fisco debe pagar una indemnización de $90.000.000 a la víctima y $20.000.000 a su hija, tras confirmar que fueron víctimas de torturas y detención ilegal en septiembre de 1980, durante la dictadura militar chilena.
La decisión, adoptada por unanimidad por la Tercera Sala del tribunal de alzada, integrada por el ministro Jaime Rojas Mundaca, el fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada, y el abogado integrante Carlos Cabezas Cabezas, ha incrementado el monto de la indemnización inicialmente otorgada por el Segundo Juzgado Civil de Antofagasta en diciembre de 2023, que era de $60.000.000.
El fallo judicial establece que no hay controversia respecto a los hechos de tortura y detención ilegal sufridos por la víctima, y señala que estos actos, cometidos en el marco de la represión de la dictadura militar, deben ser reparados conforme a la normativa internacional ratificada por Chile. El tribunal subrayó que la reparación integral del daño es fundamental para alcanzar la paz social, superando incluso el principio de cosa juzgada.
Además, el fallo destaca que los efectos del daño sufrido por las víctimas de violaciones a los derechos humanos pueden ser intergeneracionales, afectando a familiares directos. En este sentido, la sentencia resalta que el Estado, como perpetrador de estos actos, tiene la responsabilidad de asegurar una reparación completa que no ignore las repercusiones extendidas a lo largo del tiempo.
La corte ha declarado: “SE CONFIRMA sin costas del recurso, la sentencia apelada de fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, dictada en causa Rol C-1868-2022, del Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta, CON DECLARACIÓN que se aumenta la indemnización por concepto de daño moral (…) a la suma de $90.000.000.- (noventa millones de pesos), montos que deberán reajustarse de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de la sentencia de primera instancia”.