En medio de la controversia que ha surgido por la instalación de ramadas en las cercanías del Humedal Aguada La Chimba, la Municipalidad de Antofagasta presentó un informe ante la Corte de Apelaciones en respuesta a las acciones legales que buscan paralizar la realización de estas actividades en el lugar para evitar disturbios, posibles actos delictuales y daños al ecosistema.
El informe, presentado luego de que el municipio solicitara una ampliación de plazo para responder, argumenta que no existe ilegalidad en el proceso de arriendo de los terrenos a solo $110 pesos el metro cuadrado suscrito por el alcalde Jonathan Velásquez Ramírez con Yasna Collao Pérez y Luis Vera Menares, representantes de dos agrupaciones de ramaderos, ya que el edil tiene las atribuciones de “administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna“.
“La Ilustre Municipalidad de Antofagasta siguió todos y cada uno de los trámites administrativos establecidos para la celebración de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles municipales“, sostiene el informe, por lo que concluye que el arriendo de los terrenos bajo esas condiciones no es ilegal.
Además la casa consistorial señala que los terrenos municipales se encuentran a 252 metros del humedal urbano, una distancia que estima suficiente para afirmar que no es necesaria una autorización del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ni una evaluación de impacto ambiental para instalar las ramadas en las cercanías del humedal, declarado Santuario de la Naturaleza.
Ramadas no alteran el ecosistema del humedal, según el municipio
Respecto a posibles daños ambientales al frágil ecosistema del humedal urbano a propósito de la contaminación acústica, lumínica, ingreso de vehículos, acumulación de basura y la previsible presencia de personas bajo la influencia del alcohol en el sector, como han advertido diversas instituciones y organizaciones, el municipio sostiene que son “meras solicitudes que no tienen fundamento jurídico alguno“, añadiendo que las ramadas “no implicarán una alteración física o química al ecosistema” del humedal.
“La preocupación de los recurrentes es meramente antojadiza y puede significar una persecución en contra de los recurridos o una estigmatización de las actividades que realizan los ramaderos“, sostiene en su informe el municipio de Antofagasta.
Afirma además que quienes “asumen de facto que las ramadas generan contaminación, delincuencia y una serie de otros factores negativos en nuestra sociedad, cuestión que incluso podría implicar actos de discriminación y de vulneración de las garantías constitucionales” de los ramaderos que se están instalando en el sector.
En este sentido, el municipio presentó como una prueba que considera “categórica” a su favor, un documento electrónico del Director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Rubén Guajardo Parines, donde se señala que “podría pensarse, preliminarmente, y con los antecedentes limitados que se cuenta, que las actividades objeto del Contrato no implicarían una alteración física o química del ecosistema del humedal, así como tampoco su relleno, drenaje, secado, extracción de caudales o de áridos”.
Un documento que de todos modos puede resultar de doble filo para las pretensiones del municipio, ya que si bien señala preliminarmente que se podría pensar que la instalación de las ramadas no implicaría alteraciones al humedal, también enfatiza que la información de la que dispone es limitada y requiere “contar con mayores antecedentes para pronunciarse sobre su concurrencia o descarte” , lo que deja de manifiesto la necesidad de una evaluación exhaustiva del impacto ambiental, que es precisamente una de las solicitudes de quienes presentaron acciones legales contra el municipio de Antofagasta.
La Corte de Apelaciones deberá ahora evaluar los argumentos presentados por las diferentes partes involucradas y determinar los pasos a seguir en este proceso judicial que ha generado un intenso debate en la comunidad de Antofagasta, con vecinos y grupos ambientalistas preocupados por la protección de sus hogares y el Humedal La Chimba, un área considerada vulnerable frente a las actividades planificadas.
Mientras tanto, las dos agrupaciones de ramaderos continúan realizando trabajos en el sector, no solo en los terrenos municipales sino que en los terrenos colindantes, aún más cercanos al humedal urbano, que pertenecen a la Fundación Educacional Alonso Ovalle, vinculada a la congregación Jesuita, que también arrendó sus terrenos para la instalación de ramadas a una tarifa de $1.000.000.
