El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama condenó a Yinne Suyin Medina Palma y José Ángel Fuentes Marcano a penas de 7 años y seis meses de presidio efectivo, además de las inhabilitaciones legales correspondientes, por su participación como autores del delito consumado de almacenamiento. ilegales de explosivos. Los hechos ocurrieron en mayo de 2023 en la comuna.
En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Carlos Salazar Valenzuela, Valeria Valiente Vila y Cristóbal Lamas Undurraga– también sentenció a Medina Palma a 541 días de reclusión por tenencia ilegal de municiones y otros 541 días de presidio por microtráfico de drogas, junto con el pago de una multa de 10 UTM.
Explosivos ocultos y operativos policiales
La investigación, que comenzó con la denuncia sobre actividades de una presunta organización criminal venezolana en Calama, reveló que los acusados planeaban usar explosivos en la ciudad. Según el fallo, el 25 de mayo de 2023, personal policial observó a Medina Palma saliendo de su domicilio con un bulto gris que luego fue trasladado por Fuentes Marcano a otra vivienda.
Al día siguiente, tras órdenes judiciales de registro, Carabineros del OS7 incautaron en una habitación de la vivienda en cuestión cinco emulsiones explosivas marca Emulnor 3000, aptas para detonación, que habían sido escondidas en un calcetín gris dentro de un microondas. Además, se decomisaron teléfonos celulares relacionados con los imputados.
En un segundo domicilio registrado, se encontraron municiones calibre 9 mm, una pistola a fogueo, marihuana, pesas digitales y dinero en efectivo, todos vinculados a Medina Palma.
Antecedentes y conspiraciones
El tribunal inició que ambos imputados almacenaban explosivos sin la debida autorización, infringiendo la Ley de Armas, mientras que Medina Palma también fue encontrado culpable de tenencia ilegal de municiones y microtráfico de drogas.
Los magistrados destacaron en su fallo la peligrosidad de los actos cometidos y su vinculación con actividades delictivas organizadas.
La condena, que incluye penas efectivas de cárcel y sanciones económicas, no busca solo castigar, sino también disuadir la proliferación de este tipo de delitos en la región.