Continúan los movimientos en la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Antofagasta, en medio de la controversia generada por el contrato de $65 millones adjudicado a una empresa del holding El Mercurio. Esta vez, se concretó la salida de la Secretaria Ejecutiva Belguin Cisternas, y su reemplazo por Jonathan Vergara, funcionario que también arrastra cuestionamientos por su rol previo en el caso.
Belguin Cisternas, quien había sido designada durante la administración del exalcalde Jonathan Velásquez y ratificada bajo el actual gobierno comunal, firmó tanto la resolución original del contrato como su modificación.
La funcionaria dejó el cargo en medio de las crecientes presiones políticas y gremiales, tras revelarse que el convenio fue financiado con fondos de salud (Per Cápita) y educación (Subvención Escolar Preferencial), lo que encendió las alarmas por posible uso indebido de recursos públicos.
En su reemplazo, fue designado Jonathan Vergara, quien hasta antes del nombramiento se desempeñaba como Director de Servicios Traspasados de la Municipalidad de Antofagasta, una unidad dependiente de la Dirección de Administración Municipal. En ese cargo, Vergara tenía la responsabilidad directa de coordinar el vínculo entre el municipio y la CMDS, incluyendo informar al alcalde sobre convenios, contratos y procesos relevantes, como el millonario contrato que, según el propio jefe comunal, desconocía.
El nuevo secretario ejecutivo es contador auditor, con magíster en administración de empresas, y es militante de Evópoli. Fue candidato a CORE por ese partido y además tuvo un importante rol en la campaña de la ex candidata a diputada y actual directora de DIDECO, Yantiel Calderón, también vinculada a ese partido.
De acuerdo al portal de Transparencia de la Municipalidad de Antofagasta, Jonathan Vergara percibía un sueldo bruto mensual de $4.790.927 en su anterior cargo como director municipal ver enlace oficial.
Críticas por continuidad política
La decisión de nombrar a Vergara no ha estado exenta de críticas. Dirigentes gremiales han señalado aún antes del nombramiento que su figurao no garantiza una real transparencia ni una ruptura con las prácticas que originaron el caso, ya que el nuevo titular formaba parte de la estructura que avaló u omitió informar sobre el contrato.
Concejales de oposición y organizaciones sociales han insistido en que la responsabilidad no puede acotarse solo a quienes firmaron los documentos, sino también a quienes debían fiscalizar e informar dentro del organigrama municipal y corporativo.
El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, aún no ha emitido declaraciones sobre este nuevo nombramiento, aunque previamente aseguró que el contrato fue una “mala decisión” y que se solicitaron informes internos para esclarecer los hechos.