Lizza Aravena, exjefa de gabinete del gobernador Ricardo Díaz, y Ángel González, actual jefe de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Antofagasta, fueron formalizados por el delito de fraude al fisco en grado consumado, en el marco de la investigación del caso “Comprometidos”.
Ambos funcionarios son parte del equipo profesional y directivo del gobernador y fueron imputados por su participación en la gestión de un convenio por $144 millones que el GORE Antofagasta firmó con la Fundación Comprometidos para un programa de esterilización de mascotas en la comuna de Tocopilla.
La formalización fue realizada por la Fiscalía de Atacama en el Juzgado de Garantía de Copiapó, como parte de una causa mayor que investiga traspasos de fondos a dicha fundación desde distintos gobiernos regionales del país. El caso comenzó con un convenio en Atacama por $128 millones para distribución de agua potable en campamentos y se ha ampliado a otras regiones como Arica y Antofagasta.
A pesar de la gravedad de los cargos, el tribunal no dictó medidas cautelares contra los imputados.
GORE defiende continuidad de los imputados
El Gobierno Regional de Antofagasta emitió una declaración pública reafirmando su respaldo a los funcionarios formalizados y señalando que no serán removidos de sus cargos.
“Queremos insistir en la confianza que tenemos como Gobierno Regional en el actuar de nuestros funcionarios y en el esclarecimiento de los hechos”, afirmó la institución, agregando que la formalización “no es ni una condena ni una absolución anticipada”.
Además, desde el GORE subrayaron que la legislación vigente garantiza la presunción de inocencia y que “la formalización no constituye causal de destitución en el servicio público”. Por ello, al no haberse establecido medidas cautelares, “no existe ningún cambio en la relación de los funcionarios del Gobierno Regional”.
Sueldos y cargos en la actualidad
De acuerdo con antecedentes obtenidos desde el Portal de Transparencia del Gobierno Regional, Lizza Aravena Briceño figura actualmente como profesional del Gabinete del Gobernador Regional, con una remuneración bruta mensual de $3.749.360, considerando $901.324 en bonificaciones correspondientes al mes de mayo de 2025.
En tanto, Ángel González Salvatierra se desempeña como jefe de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE, con una remuneración bruta de $4.240.783 durante el mismo periodo. Se consideran bonificaciones por $1.023.903.
Ambos continúan ejerciendo funciones en sus respectivos cargos, a pesar de estar formalizados por el Ministerio Público.
Alcance nacional del caso
En paralelo, el Ministerio Público también investiga un convenio por $246 millones entre la Fundación Comprometidos y el Gobierno Regional de Arica, así como el caso madre en Atacama, que involucra $128 millones para un programa de agua potable.
La investigación sigue en curso y desde el GORE de Antofagasta anunciaron que cualquier decisión administrativa que se tome será comunicada oportunamente, resguardando el funcionamiento institucional.