Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en las dependencias de la Prefectura Aérea de Carabineros culminó con la incautación de un avión multipropósito Beechcraft B200GT, valorado en 6.200 millones de pesos. La diligencia, instruida por el Ministerio Público, es parte de una investigación por presunto fraude al fisco en la adquisición de esta aeronave, la cual estaba destinada originalmente a reforzar el Plan Frontera Norte en la Región de Antofagasta. Según reportó El Desconcierto, la justicia indaga si el proceso de licitación fue dirigido para favorecer a la empresa “Servicios Aéreos AeroTac SpA”, única oferente en el concurso.
La compra de este avión para el norte no estuvo exenta de cuestionamientos desde su origen. El Consejo Regional de Antofagasta aprobó en enero de 2025 un incremento de mil millones de pesos para concretar la adquisición, buscando dotar a la zona de herramientas contra el crimen organizado. Sin embargo, se detectó que el precio pagado por la institución sería casi el doble del valor de mercado para naves de similares características, las cuales suelen cotizarse en torno a los 3 mil millones de pesos, levantando las primeras alertas en Contraloría y Fiscalía.
El proceso de entrega se transformó en un calvario técnico que incluyó tres rechazos consecutivos por parte de las comisiones evaluadoras. En diciembre de 2025, Carabineros emitió la primera “Acta de Recepción No Conforme” debido a que los motores del avión tenían menos de la mitad de las horas de vuelo disponibles exigidas en las bases. Para la institución, el intento de entregar motores con menor vida útil fue visto como una decisión comercial de la empresa para ahorrar costos, careciendo de la imprevisibilidad que exige la ley para justificar retrasos.
Posteriores revisiones evidenciaron un escenario sistémico de deficiencias técnicas que ponían en riesgo la operatividad del avión en la región. Los informes detallaron filtraciones activas de combustible, líquido hidráulico, pintura desgastada e inconsistencias graves en la trazabilidad de piezas críticas de los motores. A pesar de que la empresa AeroTac sostiene que todas las observaciones fueron subsanadas, los expertos institucionales determinaron que el equipo no cumplía con los estándares de seguridad necesarios para las exigentes misiones de vigilancia fronteriza.
La arista más compleja apunta al coronel Javier Álvarez, actual prefecto de la división técnica, quien habría trabajado previamente como piloto para la empresa investigada. Según los antecedentes recabados por El Desconcierto, Álvarez participó en la creación de las bases técnicas de la licitación y, paralelamente, mantuvo reuniones registradas en el portal de Infolobby con el representante legal de AeroTac, Ricardo Lizana. Estas reuniones incluyeron invitaciones a eventos privados, lo que refuerza la hipótesis de un eventual conflicto de interés y direccionamiento de la millonaria compra.
Frente a la lluvia de críticas, Carabineros decidió poner término anticipado al contrato el pasado 14 de abril de 2026, calificando el actuar de la empresa como un “incumplimiento grave” debido a un atraso de 76 días y las persistentes fallas técnicas. Como consecuencia, la institución retuvo el segundo pago de 4.300 millones de pesos y ordenó el cobro de la garantía por mil millones. Por su parte, AeroTac ha presentado descargos legales, afirmando que las exigencias del contrato eran superiores a las del mercado común y que la decisión de cancelar la compra carece de fundamentos válidos.
Finalmente, el Ministerio Público deberá determinar las responsabilidades administrativas y penales de los oficiales involucrados y de los representantes de la empresa proveedora.