La Municipalidad de Antofagasta cuestionó duramente la resolución del Segundo Juzgado de Letras que decretó el embargo de sus cuentas corrientes bancarias en medio de una disputa judicial que se arrastra desde 2016.
Desde el municipio aseguran que la medida pone en riesgo recursos destinados a salud, educación, seguridad pública y servicios esenciales para la comunidad.
Según informó el consistorio mediante una declaración pública, el conflicto se originó tras una demanda presentada por la empresa “Servicios Generales Global Ltda”, luego que el municipio fuera condenado al pago de seis facturas e intereses asociados, por un monto cercano a los $4 mil millones.
La actual administración sostiene que dicha deuda ya fue cancelada en 2018 al abogado Carlos Claussen Calvo, quien posteriormente habría adquirido los derechos litigiosos de la empresa mediante la sociedad “Asesorías Contables y Financieras RLL SpA”, continuando acciones judiciales para exigir una indemnización que hoy supera los $8 mil millones.
En ese contexto, el Segundo Juzgado de Letras ordenó el embargo de las cuentas corrientes municipales, situación que desde el municipio consideran ilegal, argumentando que el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece expresamente la inembargabilidad de los bienes y fondos municipales.
“La transgresión de la norma pone en riesgo recursos destinados a áreas tan sensibles como salud, educación, seguridad pública, mantención de áreas verdes, alumbrado público y limpieza de calles”, señalaron desde la casa consistorial.
Asimismo, el municipio cuestionó el actuar del abogado Carlos Claussen, acusando que busca obtener “ganancias millonarias con dineros de todos los antofagastinos”, pese a que —afirman— la deuda original ya habría sido pagada hace años.
Por su parte, el abogado Carlos Claussen indicó que se intentó alcanzar acuerdos de pago en cuotas con las distintas administraciones municipales posteriores a Karen Rojo, sin obtener respuestas satisfactorias.
El caso abre un nuevo flanco judicial y financiero para el municipio de Antofagasta, considerando el alto monto comprometido y las eventuales consecuencias administrativas que podría generar el congelamiento de recursos públicos.
Finalmente, la Municipalidad de Antofagasta anunció que impugnará la resolución judicial “mediante todas las acciones que el ordenamiento jurídico otorga”, asegurando que defenderá los recursos municipales “que pertenecen a todos los vecinos de la ciudad”.