Una pena de 15 años de presidio efectivo por el delito de homicidio simple, sumada a otros 540 días por porte de arma cortante o punzante en la vía pública, obtuvo la Fiscalía SAC en contra de Franklin David Galaz Abarca (41). El sujeto fue condenado en calidad de autor del homicidio de un ciudadano español, crimen perpetrado en pleno centro de la capital regional en agosto de 2024. La sentencia es el resultado de una investigación conjunta desarrollada con la Brigada de Homicidios de la PDI y el equipo ECOH, cuyo trabajo permitió esclarecer la dinámica del ataque.
El trágico hecho ocurrió el 24 de agosto de 2024, cuando la víctima se encontraba al interior de un local comercial de la calle Uribe. En ese lugar, fue atacada con un arma cortopunzante por Galaz Abarca, quien previamente la había seguido por el sector céntrico de la ciudad, realizando incluso un reconocimiento del establecimiento antes de concretar la agresión. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó una amplia variedad de pruebas periciales, documentales y registros de cámaras de seguridad públicas y privadas que permitieron reconstruir con precisión el recorrido y la huida del imputado.
Tras lograr su identificación, detectives policiales capturaron al agresor el 27 de agosto de 2024, oportunidad en la que fue sorprendido portando de manera ilegal un hacha, un machete y un cuchillo de doble filo, lo que sustentó su segunda condena. Durante el litigio, la defensa intentó sostener que el acusado actuó con una imputabilidad disminuida; sin embargo, un informe psiquiátrico clave del Servicio Médico Legal (SML) descartó de plano cualquier alteración mental, confirmando que el imputado actuó con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta.
Finalmente, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta decretó que las penas impuestas deberán cumplirse de manera efectiva y sucesiva, comenzando por la sanción más grave de 15 años y sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Tras la lectura del fallo, la defensa del condenado dispone de un plazo legal determinado para presentar eventuales recursos que busquen revertir la sentencia ante los tribunales superiores.