Un trabajo coordinado entre la Municipalidad de Antofagasta, el Ministerio Público y Carabineros de la SIP de la 3ª Comisaría permitió desarticular una sofisticada banda dedicada al fraude en los exámenes teóricos para licencias de conducir. La investigación se inició tras denuncias sobre un sistema clandestino que transmitía las respuestas en tiempo real mediante dispositivos tecnológicos ocultos, culminando con la detención en flagrancia tanto del proveedor del servicio como de un postulante que intentaba obtener el documento de manera ilegal.
El esquema fraudulento, detectado inicialmente a través de publicaciones en redes sociales, cobraba cerca de $350 mil por participante y llegaba a concretar entre seis y ocho fraudes diarios. Para llevar a cabo el ilícito, la organización proporcionaba a los clientes un chaleco especialmente acondicionado con microcámaras, un módem y equipos de comunicación invisibles a simple vista. Esta indumentaria permitía a operadores externos observar la pantalla durante la prueba teórica dentro del edificio consistorial y dictar las respuestas correctas al postulante.
El material probatorio que facilitó la intervención policial incluyó grabaciones de las cámaras de videovigilancia municipales puestas a disposición por la Dirección de Seguridad Pública. Con estos antecedentes, los efectivos de la SIP lograron incautar los dispositivos electrónicos de alta tecnología y sorprender a los implicados en pleno procedimiento. El Jefe de la Zona de Carabineros, general Cristian Montre, destacó la peligrosidad de la maniobra, enfatizando que obtener una licencia sin las competencias requeridas pone en riesgo la seguridad vial de toda la comunidad.
Por su parte, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, condenó enfáticamente la transgresión a la fe pública y confirmó que el municipio se querellará contra todos quienes resulten responsables. La autoridad comunal subrayó que el proceso de licencias certifica oficialmente los conocimientos de un conductor, por lo que mantendrán la colaboración con la justicia para asegurar la transparencia de los procesos municipales y perseguir penalmente tanto a las bandas que operan estos servicios como a los usuarios que pagan por ellos.
Actualmente, las diligencias continúan para determinar si existen más personas involucradas en la red o si este modus operandi fue utilizado en convocatorias anteriores. Tanto el oferente de los equipos como el cliente detenido quedaron a disposición del Ministerio Público para responder por los delitos asociados al fraude y la obtención irregular de documentos oficiales.
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