Un contundente informe de la Contraloría Regional de Antofagasta puso bajo la lupa el contrato de arrendamiento de un edificio ubicado en calle Manuel Antonio Matta N°2646-2648, suscrito por la Municipalidad de Antofagasta durante la actual administración del alcalde Sacha Razmilic (Evópoli).
La investigación tuvo su origen en dos denuncias presentadas por la concejala de Antofagasta Karina Guzmán Arias (Regionalista), quien puso en conocimiento del organismo fiscalizador eventuales irregularidades relacionadas con la contratación, los pagos efectuados y la utilización del inmueble.
El propio informe señala que, considerando las presentaciones realizadas por la concejala, la relevancia económica de los recursos involucrados y las validaciones previas efectuadas por la Contraloría Regional, existía mérito suficiente para iniciar la fiscalización.
Se trata del Informe Final de Investigación Especial N°569 de 2026, emitido el 29 de septiembre, que revisó el período comprendido entre marzo de 2025 y junio de 2026.
Entre sus principales conclusiones, Contraloría determinó que la Municipalidad pagó $180 millones en arriendos en dos períodos cuestionados: $72 millones cuando el inmueble todavía no había sido recibido materialmente y otros $108 millones sin que se acreditara su utilización efectiva para los fines institucionales que justificaron su contratación.
$72 millones antes de recibir el edificio
El contrato de arrendamiento fue suscrito el 24 de febrero de 2025, durante los primeros meses de la administración Razmilic, y comenzó a regir en marzo de ese año.
Sin embargo, Contraloría comprobó que el municipio pagó $72 millones correspondientes a las rentas de marzo, abril, mayo y junio de 2025, pese a que durante ese período el inmueble todavía no había sido recibido materialmente por la Municipalidad y permanecía sujeto a reparaciones y trabajos de habilitación a cargo de la arrendadora.
La recepción material se formalizó recién el 9 de julio de 2025.
Según el organismo fiscalizador, esta situación evidenció deficiencias en la planificación, supervisión y control de la contratación, debido a que no se adoptaron resguardos para evitar el pago de rentas mientras el edificio aún no se encontraba disponible para cumplir los fines institucionales previstos.
Otros $108 millones sin acreditar su utilización efectiva
La recepción del inmueble en julio tampoco puso término a las observaciones.
Contraloría verificó que entre julio y diciembre de 2025 la Municipalidad desembolsó otros $108 millones por concepto de arriendo, pese a que no fue posible acreditar la utilización efectiva del edificio para los fines institucionales que motivaron su contratación.
De acuerdo con el informe, aunque la recepción material ocurrió el 9 de julio, la ocupación efectiva de las dependencias municipales se produjo de manera gradual recién entre enero y marzo de 2026.
Para Contraloría, aquello evidenció deficiencias en la planificación, gestión y control del contrato y afectó la eficiencia en el uso de los recursos municipales.
Contraloría anuncia reparo por $180 millones
La suma de ambos períodos alcanza los $180 millones y tendrá una consecuencia concreta.
Contraloría estableció que procederá a formular el reparo pertinente por $180.000.000 ante el Juzgado de Cuentas, conforme a los artículos 95 y siguientes de la ley N°10.336.
El organismo detectó además problemas desde el origen de la contratación. Según el informe, cuando el municipio suscribió el contrato el 24 de febrero de 2025 no contaba previamente con antecedentes técnicos suficientes que justificaran la selección del inmueble y la necesidad institucional que pretendía satisfacer.
El documento técnico utilizado para sustentar la contratación fue elaborado recién el 13 de mayo de 2025, meses después de la firma del contrato.
Contraloría también constató que el destino previsto para el edificio fue cambiando: inicialmente se proyectó trasladar distintas direcciones municipales, posteriormente instalar allí los Juzgados de Policía Local y luego utilizar transitoriamente el recinto para otras dependencias.
Más de $683 millones para habilitar una propiedad arrendada
Otro de los principales capítulos del informe apunta a una inversión considerablemente mayor.
La Municipalidad licitó obras de habilitación y mejoramiento del edificio por $683.341.299, pese a tratarse de una propiedad privada arrendada.
Contraloría advirtió que no existía un instrumento contractual que regulara adecuadamente los efectos patrimoniales de estas mejoras ni mecanismos de restitución, compensación o protección de la inversión realizada con recursos municipales.
Esto implicaba, según el organismo, un riesgo de que mejoras permanentes financiadas con recursos públicos terminaran beneficiando a un tercero sin que estuvieran suficientemente resguardados los intereses municipales.
El contrato tampoco contempló multas, compensaciones o mecanismos de término anticipado por razones de interés público o cambios en las necesidades institucionales, limitando —según Contraloría— la capacidad del municipio para fiscalizar su ejecución y proteger los recursos comprometidos.
Empresa obtuvo 50% pese a exigencia mínima de 80%
Las observaciones también alcanzaron la licitación denominada “Habilitación Oficinas Edificio M.A. Matta”, adjudicada a la empresa COMAVI SpA.
Contraloría estableció que la empresa obtuvo solo un 50% del puntaje máximo en el criterio “Propuesta Técnica”, pese a que las propias bases administrativas establecían un mínimo de 80% para continuar en evaluación.
El organismo sostuvo que la situación implicó una falta de aplicación de las reglas establecidas por la propia Municipalidad y una vulneración al principio de estricta sujeción a las bases.
En sus descargos ante Contraloría, el municipio informó que inició un procedimiento destinado a invalidar los actos administrativos relacionados con la licitación y el contrato adjudicado.
Cabe señalar que el municipio tuvo conocimiento previo de las observaciones: Contraloría remitió el preinforme de manera confidencial al alcalde para que formulara sus alcances y precisiones, y la respuesta entregada por la Municipalidad fue considerada por el organismo antes de emitir el informe final.
Recursos municipales en obligaciones de la arrendadora
La investigación detectó además que la Municipalidad utilizó recursos municipales para realizar reparaciones y atender contingencias sanitarias en el inmueble que, de acuerdo con las condiciones contractuales examinadas por Contraloría, correspondían a obligaciones de la arrendadora.
A ello se sumaron otras deficiencias de gestión y control detectadas durante la ejecución del contrato.
Contraloría iniciará sumario
Las conclusiones del informe no se limitarán al reparo de los $180 millones.
Contraloría anunció también el inicio de un sumario administrativo destinado a determinar las eventuales responsabilidades funcionarias derivadas de los hechos constatados durante la investigación.
De esta manera, el caso abre ahora dos caminos: por una parte, el reparo que será formulado ante el Juzgado de Cuentas por los $180 millones pagados en los períodos observados y, por otra, la investigación administrativa para establecer posibles responsabilidades.
Investigación comenzó tras denuncias de concejala Karina Guzmán
La concejala Karina Guzmán, cuyas dos denuncias dieron origen a la investigación, valoró las conclusiones del organismo fiscalizador y sostuvo que su actuación buscó resguardar los recursos municipales.
“Esta denuncia nunca tuvo un objetivo político. Tuvo un objetivo de transparencia y de resguardo de los recursos de todos los antofagastinos. Hoy la Contraloría confirma que existían fundamentos para fiscalizar y que hubo graves deficiencias en la administración de este contrato”, señaló la edil tras conocer el informe.
Guzmán agregó que espera que las responsabilidades sean esclarecidas y que se adopten medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
El informe abre así un nuevo capítulo para la administración municipal encabezada por Sacha Razmilic, alcalde militante de Evópoli, respecto de un contrato celebrado durante los primeros meses de su gestión y que ahora será objeto tanto de un reparo ante el Juzgado de Cuentas como de un sumario administrativo de Contraloría.