Una serie de graves irregularidades en el otorgamiento de licencias de conducir detectó la Contraloría Regional de Antofagasta, tras una auditoría que reveló importantes deficiencias en los exámenes médicos, la evaluación de postulantes y los mecanismos de control utilizados por la Municipalidad de Antofagasta.
Los antecedentes están contenidos en el Informe Final de Auditoría N.º 419 de 2026, emitido el 30 de septiembre, que examinó los procedimientos desarrollados entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.
El período fiscalizado comprende parte de la administración del exalcalde Jonathan Velásquez (IND. cupo Chile Vamos) y el primer año de gestión del actual alcalde Sacha Razmilic (Evópoli). No obstante, la determinación de eventuales responsabilidades administrativas deberá considerar las fechas, funciones y actuaciones específicas de los involucrados.
Entre los hallazgos más llamativos destaca que 70.425 exámenes médicos y sensométricos fueron aprobados con duraciones registradas inferiores a un minuto, incluyendo cientos de evaluaciones realizadas, según los registros municipales, en apenas unos segundos.
La investigación también detectó licencias entregadas a deudores de pensiones alimenticias, postulantes con antecedentes penales que debían evaluarse y deficiencias en los controles destinados a garantizar el cumplimiento de los requisitos legales para conducir.
Más de 70 mil exámenes médicos registrados en menos de un minuto
Uno de los principales hallazgos de la auditoría corresponde a los tiempos registrados en las evaluaciones médicas y sensométricas que deben rendir los postulantes a una licencia de conducir.
Tras examinar las bases de datos proporcionadas por la Municipalidad, Contraloría identificó 70.661 exámenes con una duración inferior a 60 segundos.
De ellos, 70.425 fueron calificados como aprobados, equivalentes al 99,67% de las evaluaciones observadas.
El desglose de los registros resulta especialmente llamativo: 253 exámenes aparecen con una duración de cero segundos, de los cuales 250 fueron aprobados. 55.442 evaluaciones registraron tiempos de entre uno y diez segundos. 5.416 exámenes tuvieron duraciones de entre 11 y 20 segundos. 2.946 evaluaciones fueron registradas con tiempos de entre 21 y 30 segundos.
Los antecedentes incluyen exámenes relacionados con la visión y la audición, destinados a comprobar las condiciones físicas y sensoriales de quienes solicitan autorización para conducir.
Contraloría advirtió que los tiempos consignados no permiten acreditar que las evaluaciones hayan sido desarrolladas con la duración suficiente para verificar adecuadamente las aptitudes exigidas por la normativa.
Cabe precisar que las cifras corresponden a exámenes individuales registrados en el sistema, por lo que no equivalen necesariamente a la misma cantidad de postulantes ni de licencias emitidas.
Asimismo, los registros de duración constituyen una observación sobre el proceso de evaluación, pero no permiten establecer por sí solos que todos los exámenes hayan sido omitidos o que los postulantes carecieran de las aptitudes necesarias.
402 licencias otorgadas a deudores de pensiones alimenticias
Otro de los hallazgos relevantes corresponde a la entrega de 402 licencias de conducir a personas que figuraban inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos al momento de recibir el documento.
Según el informe, los beneficiarios registraban antigüedades en dicho registro que fluctuaban entre un día y dos años y siete meses.
La situación resulta relevante considerando que la legislación establece restricciones para el otorgamiento de licencias de conducir a personas inscritas en este registro, sin perjuicio de las excepciones contempladas legalmente.
Ante estos antecedentes, Contraloría instruyó a la Municipalidad de Antofagasta que, en un plazo de 60 días hábiles, acredite el inicio de los procedimientos de invalidación de las 402 licencias observadas, conforme al artículo 53 de la Ley N.º 19.880.
Esto no significa que los documentos hayan sido automáticamente anulados, sino que el municipio deberá iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.
198 licencias entregadas a personas con antecedentes penales
La auditoría también estableció que la Municipalidad otorgó 198 licencias de conducir a postulantes que registraban condenas dentro de los cinco años anteriores a sus respectivas solicitudes.
Contraloría indicó que estos antecedentes debían ser considerados para evaluar el requisito de idoneidad moral establecido en los artículos 13, 14, 16 y 17 de la Ley de Tránsito.
Si bien la existencia de una condena no implica necesariamente una prohibición automática para obtener una licencia, la normativa exige evaluar determinados antecedentes al momento de establecer si el postulante cumple los requisitos legales.
Por ello, el organismo fiscalizador instruyó fortalecer los mecanismos de control para asegurar que estas verificaciones sean realizadas y queden debidamente documentadas.
Licencias otorgadas pese a exámenes psicométricos reprobados
La investigación identificó además tres licencias de conducir clase D otorgadas a postulantes cuyos expedientes registraban exámenes psicométricos reprobados.
La Municipalidad justificó estas situaciones invocando una disposición de la Ley de Tránsito que permite al médico examinador declarar apto a un postulante bajo determinadas condiciones, incluso estableciendo restricciones o una vigencia menor cuando las deficiencias detectadas no sean graves o incapacitantes.
Sin embargo, Contraloría estableció que no se aportaron antecedentes técnicos o médicos suficientes para justificar esas decisiones.
Para el organismo, esta situación evidencia deficiencias en la evaluación y el respaldo documental de las aptitudes exigidas para obtener una licencia.
Falta de controles y solicitudes pendientes
Los hallazgos también alcanzaron los procedimientos administrativos del Departamento de Licencias de Conducir.
Contraloría constató que la unidad municipal no mantenía controles adecuados sobre los folios digitales utilizados para emitir estos documentos, lo que impedía determinar correctamente cuáles habían sido utilizados, anulados o permanecían disponibles.
Asimismo, identificó 165 solicitudes que continuaban registradas bajo el estado “A la espera de informar otorgamiento”, algunas desde el 14 de febrero de 2025.
Estas deficiencias afectan la trazabilidad de los procedimientos y la confiabilidad de la información registrada en las plataformas municipales.
La auditoría también detectó situaciones relacionadas con atenciones realizadas fuera del sistema formal de agendamiento, respecto de las cuales el municipio no aportó documentación suficiente para justificar los casos observados.
Contraloría advierte especial gravedad y eventuales responsabilidades
En sus conclusiones, Contraloría manifestó especial preocupación por la magnitud y naturaleza de los hallazgos.
El organismo destacó particularmente la participación de funcionarios municipales en procedimientos vinculados a familiares, las evaluaciones registradas con tiempos manifiestamente insuficientes y las deficiencias en los mecanismos de control interno.
Según el informe, estas situaciones revisten especial gravedad y evidencian debilidades relevantes en los procedimientos utilizados por la Municipalidad de Antofagasta para otorgar licencias de conducir.
Asimismo, Contraloría advirtió que no es posible descartar eventuales efectos patrimoniales adversos para el municipio derivados de las irregularidades detectadas.
Esta advertencia no constituye una determinación definitiva de perjuicio económico ni establece, por sí misma, responsabilidades penales.
El organismo anunció actuaciones sumariales para determinar eventuales responsabilidades administrativas y exigió implementar medidas correctivas destinadas a fortalecer los controles y procedimientos de evaluación.
Irregularidades abarcan las administraciones de Velásquez y Razmilic
La auditoría examinó actuaciones realizadas entre enero de 2024 y diciembre de 2025, período que comprende los últimos meses de la administración de Jonathan Velásquez y el primer año de la gestión de Sacha Razmilic.
Por lo tanto, los hallazgos corresponden a un período que abarca ambas administraciones municipales, aunque el informe no atribuye automáticamente a los respectivos alcaldes una responsabilidad personal por la totalidad de las situaciones observadas.
La determinación de eventuales responsabilidades deberá considerar las fechas en que ocurrieron los hechos, los funcionarios que participaron y las atribuciones que ejercían.
Contraloría consignó que la Municipalidad presentó antecedentes y descargos durante el proceso de fiscalización. Sin embargo, concluyó que estos no permitieron subsanar todas las observaciones formuladas, por lo que mantuvo los reproches correspondientes.
Los resultados de la auditoría plantean interrogantes sobre la efectividad de los controles municipales destinados a garantizar que las licencias de conducir sean otorgadas conforme a las exigencias legales, médicas y administrativas establecidas por la normativa chilena.
La corrupción es pan de cada día