Contraloría detecta déficit de personal y errores en la administración de fármacos en residencia de menores en Antofagasta

Una fiscalización de la Contraloría Regional dejó al descubierto graves falencias en el recinto administrado por la Fundación Creeser, incluyendo errores en la entrega de fármacos que derivaron en hospitalizaciones, déficit de personal, hacinamiento y un menor sin acceso a educación por más de cuatro meses.

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La Contraloría Regional de Antofagasta evidenció graves irregularidades en la atención y cuidado de niños, niñas y adolescentes (NNA) en la Residencia de Protección para Lactantes y Preescolares Antay, administrada por la Fundación Creeser y supervisada por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Tras una fiscalización realizada el pasado 14 de mayo, el Informe de Inspección en Terreno N° 452 reveló múltiples falencias en el control y administración de fármacos, así como problemas de habitabilidad y seguridad en el recinto.

El informe constató que la residencia carecía de un sistema actualizado para administrar medicamentos, lo que derivó en situaciones graves como la hospitalización de un menor por sobredosis de risperidona, la interrupción de un tratamiento durante dos días y la falta de suministro de fármacos para un niño con varicela. A esto se sumaron demoras en la atención médica por lesiones y un déficit de personal de cuidado en cuatro de los cinco turnos analizados para atender a una población de 21 residentes, superando las 15 plazas autorizadas.

Asimismo, la auditoría descubrió que 13 trabajadores con contacto directo con los menores no mantenían en sus carpetas todos los antecedentes para acreditar su idoneidad, sin que el recinto demostrara haber verificado estos requisitos antes de contratarlos, lo que motivó la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas.

En el ámbito educacional, la Contraloría detectó que un menor permaneció 145 días corridos sin matrícula ni acceso a la educación desde su ingreso en marzo, hasta ser incorporado a un aula hospitalaria en agosto. Además, el recinto operaba un servicio de alimentación sin autorización sanitaria y sus instalaciones de gas carecían del Certificado de Inspección Periódica con Sello Verde.

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