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Viernes 24 de Mayo del 2024 13:50

Dineros de la salud a negocios familiares: La trama que dejó en prisión al ex alcalde de Calama y candidato de Chile Vamos

De acuerdo a la fiscalía el ex edil y candidato de Chile Vamos como alcalde de Calama, Daniel Agusto (RN) utilizó $255 millones destinados a la salud primaria de la comuna para una supuesta "clínica dental" que luego mutó en un "Centro de Integración Educacional", pero en realidad se realizó a compra de un inmueble con sobreprecio a su prima hermana y su madre. El político debe presentarse al Centro de Cumplimiento Penitenciario más cercano.

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El Ministerio Público formalizó este viernes al exalcalde de la ciudad de Calama, Daniel Agusto Pérez, por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible en el marco del llamado “Caso Comdes”.

Este caso involucra la controvertida compra de un inmueble financiado con fondos destinados a la salud primaria. El Juzgado de Garantía impuso prisión preventiva al exalcalde considerando su potencial peligro para la seguridad de la sociedad y riesgo de fuga, además de dictar medidas de arraigo nacional.

La audiencia de formalización, realizada a través de una conexión por Zoom, concluyó con la instrucción de que Agusto debe presentarse voluntariamente en el Centro de Detención Preventiva (CDP) más cercano, lo que aún no ha sucedido.

Durante la audiencia llevada a cabo por los fiscales Gabriel Zepeda y Cristian Aguilar, se detalló cómo en junio de 2017 la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de Calama, bajo la presidencia de Agusto, firmó un convenio con un banco por 255 millones de pesos, originalmente destinados al fortalecimiento educativo.

Sin embargo, este dinero se redirigió inesperadamente hacia la adquisición de una propiedad para una Clínica Dental, que luego mutó en proyecto para un “Centro de Integración Educacional”.

El inmueble en cuestión, parte de una herencia de Jubitza Tapia Pérez, prima hermana de Agusto, y su madre, fue adquirido por 190 millones de pesos en enero de 2018, aunque el proyecto nunca contó con las aprobaciones necesarias de las seremías o la intendencia para su realización.

La compra se financió con fondos de salud primaria, una decisión tomada por el comité de Comdes que incluía a varios exdirectivos ahora formalizados en causas separadas.

El Ministerio Público acusa a Agusto de tener un rol activo y conocedor en la negociación y compra del inmueble, pagado con fondos públicos y destinado para un fin distinto al aprobado por las autoridades pertinentes, lo que configura una clara violación al principio de probidad administrativa.

Estos hechos, según la fiscalía, constituyen un claro ejemplo de fraude al fisco y negociación incompatible, atribuyendo a Agusto la calidad de autor en ambos delitos.

El caso sigue en desarrollo, y la justicia ha establecido un plazo de investigación de 90 días para dilucidar todas las implicancias de este complejo entramado de corrupción y mal uso de fondos públicos.

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