El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, ha ordenado una investigación de oficio para esclarecer el notable incremento del padrón electoral en las comunas de Sierra Gorda y Ollagüe, en el contexto de las próximas elecciones municipales.
Los fiscales jefes de Antofagasta y Calama, Cristian Aguilar Aranela y Eduardo Peña Martínez, encabezarán la investigación con el apoyo de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC). El objetivo es determinar si existen acciones que puedan constituir delitos según la legislación electoral vigente.
La Ley 18.700, “Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios”, establece en su artículo 150 sanciones para quienes soliciten votos mediante pago, dádivas, o promesas de dinero, imponiendo penas de presidio menor, multas de 10 a 50 Unidades Tributarias Mensuales, e inhabilitación absoluta y perpetua para cargos públicos.
Asimismo, la Ley 18.556, “Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral”, sanciona con reclusión menor y multas de diez a cien Unidades Tributarias Mensuales a quienes proporcionen datos falsos al declarar o actualizar su domicilio electoral. Además, el artículo 55 de la misma ley estipula penas similares para aquellos que inciten o organicen cambios de domicilio electoral con información falsa.