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La Ley Hinzpeter: ¿El fin de los movimientos sociales?

La Ley Hinzpeter viene a endurecer la ley Antiterrorista de la legislación chilena.

Expertos de la Universidad de Antofagasta analizaron y plantearon sus reparos al polémico Proyecto de Ley presentado por La Moneda, que ya cuenta con el rechazo de parlamentarios de la región que lo consideran un retroceso para el sistema democrático. 

Claudia Bravo Boggioni

En pocos días, el status quo en que se mantenía el conflicto estudiantil, se ha ido quebrando. Sobre todo a partir de la seguidilla de tomas en liceos emblemáticos de la capital e incluso en la casa central de la Universidad de Chile.

En Antofagasta, la situación no es diferente, los secundarios se manifiestan, se toman las aulas y los universitarios se reúnen en plenos para decidir el curso de la movilización.

Lo oficial, llama a una gran marcha convocada para el 28 de agosto, mientras los rumores de posibles paralizaciones se esparcen por toda la comunidad universitaria.

Es en este contexto, el fantasma de la Ley Hinzpeter, obliga a reflexionar sobre las verdaderas implicancias de una ley que, como explica el sociólogo César Trabucco, busca “reprimir la fiebre cuando lo que corresponde es abordar las leyes que causan esa fiebre”.

Según el sociólogo, “en el caso de Chile la sensación de abuso es generalizado, y se está expresando en todas las áreas, desde lo más profundo de la sociedad chilena, esto es lo que lleva a la comunidad a las calles”.

En este sentido, señaló que es un error pensar que los movimientos sociales se detienen con leyes coercitivas, lo lógico es generar leyes que apunten a resolver los problemas que generan la creación de los movimientos. “No hay voluntad política es así de simple, si al Gobierno no le interesa la educación pública, todo lo demás es música”, agregó.

Ley Hinzpeter.

En términos simples, viene a endurecer la Ley antiterrorista que hoy aplican los tribunales del país. Establece el nuevo delito de desórdenes públicos, con la pena de presidio menor en su grado medio para actos como: la paralización o interrupción de servicios públicos, lo que echaría por tierra las tomas express; la invasión a bienes privados o fiscales, lo que coarta las tomas de liceos y universidades; y alterar o interrumpir la libre circulación de las personas, que terminaría con las marchas no autorizadas.

La Ley Hinzpeter además castigará con el mismo grado de presidio, a quiénes convoquen o promuevan las movilizaciones sociales. Capítulo aparte es la pena máxima a la que se exponen los “ encapuchados”.

Legislación en Chile

“Esta la ley, lo mismo q la ley de discriminación es una solución superficial”, señaló el Dr. Zamorano.

La legislación en Chile es clara, cada delito tiene su tipificación y el delito terrorista es un punto aparte. Para el Dr. Cristian Zamorano, Académico de la Universidad de Antofagasta, la pregunta que sirve para evidenciar esta situación es: “Si yo cometo un acto terrorista que tiene detrás una ideología, ¿qué hace el derecho penal? La respuesta en este caso, pegar mucho más fuerte, acelerar los procedimientos y aplicar penas más fuertes”.

Consultado si la Ley Hinzpeter atentaría contra los derechos fundamentales de las personas, el académico aclara que la ley siempre es fruto del derecho social, y de una cierta visión política de las cosas.

Esta la ley, lo mismo q la ley de discriminación es una solución superficial, por ejemplo ¿la ley terrorista va a frenar las movilizaciones estudiantiles? No, porque siempre está la reivindicación social detrás, no se da este fenómeno de forma espontánea, este es el fruto de la visión neoliberal de la educación que tiene como treinta años. Como asumió la derecha aparecieron quizás con más facilidad la necesidad de reivindicar de poner en tela de juicio este sistema”, agrega.

Para Zamorano, hay toda una lógica del enemigo interno, “siempre se da la misma dinámica, en ciencias jurídicas buscamos quién es el enemigo interno, el sindicalista, el estudiante que quema los buses, como antes lo era el comunista”. Para él la solución pasa por la educación desde la base, “porque acá en Chile no hay educación cívica, por ejemplo”, señaló el Doctor en Derecho.

Carlos Cabezas Académico de la UA y estudiante de Doctorado en Derecho Penal, es aún más radical. “Me parece que como está siendo tratada, esta es una ley que debería ser declarada inconstitucional ya que no queda claro cuál es el límite entre la posible participación de las personas que llaman a una marcha y la producción de los resultados que están ya previamente sancionados en el código penal. La responsabilidad en materia penal siempre debe estar a cargo de quien efectivamente cometió el delito”, aclaró.

Actores Sociales

La discusión llegado el momento se acrecentará, y es necesario conocer la posición de los diversos actores sociales especialmente los estudiantes.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la UA, Cristóbal Orellana, opina que el trasfondo que tiene para las federaciones de estudiantes y los movimientos sociales, es que esta ley trata de aminorar la participación social, por que los sindicatos, los gremios, etc., son formas de participación social.

Al castigar a quién convoca, lo que está haciendo esta ley, es decirle a la ciudadanía que no se agrupe, que no se asocie y que en definitiva no reclame por nada. Entonces mantiene la supuesta paz social pero a un costo de reprimir el medio a organizarse. Lo que busca el gobierno es una ciudadanía desmovilizada que las decisiones se queden en el estrecho campo parlamentario y gubernamental”, agregó.

¿Crees que un camino sería implementar una defensoría popular o la capacitación de observadores de Derechos Humanos? Ante esta pregunta Orellana dice que ambas son válidas.

Pero más efectivas son las defensorías populares, conformadas por un equipo multidisciplinario entre los que se comprendan observadores capacitados, porque cuando se transgreden los DD.HH. por parte de efectivos policiales, se necesitan recursos y gente capacitada”, respondió.

Finalmente el presidente de la FEUA señaló “nosotros apostamos por las movilizaciones creativas que cautiven a la comunidad, y a la autoridad. El año pasado usamos esos medios y llegamos a la comunidad pero a la autoridad no. Hoy ellos quieren mostrarnos como delincuentes y que sólo los ciudadanos merecen resguardo de la ley y necesitan toda la protección”.

Prensa Universidad de Antofagasta

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