El mal sabor, color, olor y alto precio del agua potable en la región, donde su valor es el más alto del país, junto con causar indignación en la ciudadanía, ha colocado una vez más en la palestra el debate sobre la pertinencia de que el vital elemento haya sido privatizado y la importancia de que vuelva a estar bajo control estatal.
Mientras que en diferentes rincones del mundo el agua es considerada un derecho y por tanto debe ser saludable, limpia y accesible para todos, tal como lo indica la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una situación muy diferente es la que se vive diariamente en Antofagasta.
Es así como en la ciudad se ha desarrollado una auténtica cultura del agua embotellada, debido al mal sabor, olor, color y alto precio del agua potable, que es distribuida en la ciudad por la sanitaria privada perteneciente al grupo Luksic, Aguas Antofagasta.
Precisamente esta empresa, es la que en los últimos días ha vuelto a estar en el centro de la polémica, por su curiosa explicación al color café con que el líquido emana en los hogares de la capital regional durante las últimas horas, señalando que se debe a “turbiedad estival con que el agua emana desde la Cordillera” y que por tanto “es apta para beber“.
No obstante,la Seremi de Salud (s) de Antofagasta, Pasme Selene, hizo un llamado a la comunidad a no beber el agua turbia, anunciando además un sumario contra la sanitaria, que arriesga multas de hasta mil UTM. Una medida nada de extraña, si se considera que los altos niveles de arsénico existente en el agua hasta los años 90, han disparado las cifras de cáncer en la región, que supera seis veces la media nacional.
Esta no es la primera polémica en la que se ve envuelta la sanitaria, ya que también ha sido fuente de múltiples críticas los habituales cortes del suministro en la ciudad. La empresa se defiende señalando que las roturas de matrices obedecerían a actos de terceros, mientras que diferentes personalidades políticas de la región han pedido que se fiscalice el mantenimiento que se realiza a la red sanitaria.
NACIONALIZAR EL AGUA
A pesar de los diferentes sumarios, sanciones, emplazamientos de autoridades y molestia de la ciudadanía, las tarifas del agua siguen subiendo y las irregularidades no se resuelven. Precisamente aquello fue lo que ha despertado diferentes voces, que coinciden en la necesidad de que se genere un nuevo código de aguas para reformar el creado por la dictadura militar, que permite entregar a empresas la posibilidad de lucrar con el vital elemento, hecho que terminó concretándose durante los gobiernos de la Concertación.
De hecho, diferentes organizaciones sociales de la región, agrupadas en el comité por la defensa de los recursos naturales, expresaron al gobierno su postura a favor de la renacionalización del agua instándolo además a pronunciarse, medida que también genera apoyos entre las autoridades comunales, como es el caso de los alcaldes progresistasde Calama y Tocopilla. No obstante, llegando ya a su final, la administración Piñera no respondió a este emplazamiento.
Así las cosas, quedará tema pendiente para la administración de Michelle Bachelet, quien ha manifestado públicamente que en su eventual primer año de Gobierno promovería iniciativas para que el Estado asuma un mayor control sobre la propiedad y el uso del agua. En este sentido, en su programa se menciona la figura de un Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, con dedicación exclusiva a identificar y analizar soluciones respecto a la escasez y el uso del agua.
Serán entonces las organizaciones, movimientos sociales y autoridades comprometidas con recuperar el agua para Chile, las que finalmente tendrán la misión de favorecer la implementación de esta medida, para contrarestar el lobby y las presiones que pudieran generar las empresas interesadas en seguir negociando con un elemento que en la mayor parte del planeta es considerado como un derecho humano y no un bien de consumo.
