Este 24 de diciembre, el Presidente Gabriel Boric otorgó un indulto presidencial a Katty Hurtado, quien cumplía una condena de 20 años en la cárcel de Tocopilla, en la región de Antofagasta, por el parricidio de su exesposo en 2018 en Calama.
Hurtado se ha convertido en un símbolo para el movimiento feminista en Chile, ya que fue encarcelada a pesar de que de acuerdo a su defensa y diversos testimonios, que incluyen el del hijo en común con su ex pareja, actuó en defensa propia frente a un intento de agresión sexual y fue víctima de violencia intrafamiliar sistemática.
“Después de estudiar en conciencia todos los antecedentes del caso, teniendo a la vista el historial de agresiones que ha vivido, el daño acreditado por la violación que sufrió en la cárcel de Calama, su historial en los más de seis años que lleva privada de libertad, y una profunda reflexión de meses, he decidido hacer uso de la facultad conferida por la Constitución y otorgar indulto presidencial a Katty Hurtado Caamaño”, explicó el Mandatario a través de sus redes sociales.
Un caso que conmocionó al país
El 14 de mayo de 2018, Katty Hurtado se reunió con su exesposo, Richard Aravena, en Calama para tratar temas económicos relacionados con el hijo en común, actualmente de 21 años.
Durante el encuentro, Aravena intentó abusar sexualmente de ella, lo que llevó a Hurtado a defenderse, resultando en la muerte de su agresor. Aunque múltiples testimonios, incluido el de su hijo, confirmaron un historial de violencia sistemática contra ella por parte de la ex pareja, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama la condenó a 20 años de prisión en 2021.
Durante su encarcelamiento, Hurtado fue víctima de una violación en octubre de 2018, cuando dos hombres vestidos como gendarmes ingresaron a su celda, la agredieron sexualmente y la dejaron inconsciente. Este hecho, sumado a su historial de agresiones y la falta de apoyo del Estado, reforzó los argumentos a favor de su indulto.
Críticas al Poder Judicial y la Fiscalía
El caso de Hurtado ganó notoriedad nacional e internacional, con la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres liderando una campaña por su liberación bajo el lema “Yo también me defendería”. Diversas organizaciones feministas y de derechos humanos denunciaron que su proceso judicial estuvo marcado por un sesgo de género y la omisión de pruebas clave por parte de la Fiscalía.
Para el tribunal, “la mujer dio muerte a su cónyuge en el domicilio de éste mediante golpes con un elemento contundente en su cráneo, heridas de carácter vital, y luego, con un elemento corto punzante propino varias estocadas en su cuello seccionando parcialmente la carótida, heridas que provocaron la muerte de la víctima“.
Arribó a esa conclusión ponderando las pruebas presentadas por la Fiscalía consistente en testigos vinculados a la familia del hombre, compañeros de trabajo y amigos, como funcionarios de OS9, LABOCAR y SIP de Carabineros, pruebas de ADN, químicas, informáticas, psicológicas y el informe de autopsia. No se consideraron sin embargo peritajes ni los testimonios de denuncias de violencia intrafamiliar reiterada y sistemática, ni tampoco la tesis de que el asesinato se produjo en un contexto de defensa propia frente a una agresión sexual.
“En el caso de Katty se observa una visión de túnel y un sesgo de género durante la investigación, la condena y la posterior ratificación de ésta. La Fiscalía omitió numerosas diligencias que aportaban a la tesis de la defensa, es decir, que Katty dio muerte a su excónyuge por defenderse de una agresión sexual inminente” explicaron desde la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres.
Asimismo, señalan que “algunas de las diligencias desestimadas por la Fiscalía fueron, por ejemplo, no haber considerado el peritaje social que contenía la declaración del hijo de ambos, que da cuenta de la violencia que vivía Katty por parte de su entonces marido, ni se lo citó a declarar en ningún momento (…) Tampoco se recogieron los informes policiales con las declaraciones de la madre, hermana, hijo y de siete amigos y familiares de Katty, en los que se da cuenta de las dinámicas de violencia presentes en la relación”.
Reacciones al indulto
La vocera subrogante del Gobierno, Aisén Etcheverry, señaló que informes de instituciones internacionales, como Amnistía Internacional y la Convención de Belén do Pará, recomendaron revisar el caso debido a las graves vulneraciones sufridas por Hurtado. Además, destacó que durante su tiempo en prisión, su conducta fue calificada como muy buena por Gendarmería, y que había demostrado conciencia del daño causado.
La Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres celebró la decisión como un paso hacia la justicia y un mensaje de empoderamiento para las mujeres en Chile. “La vida de Katty Hurtado estuvo marcada por situaciones de violencia machista, las que tuvo que enfrentar sin apoyo ni protección del Estado. Ante un ataque sexual y femicida, debió proteger su vida, y como consecuencia el Estado la criminalizó. El indulto otorgado hoy es el comienzo de un camino de justicia para ella, y un mensaje para todas las mujeres y niñas de Chile: defenderse no es delito”, señalaron en un comunicado.
El caso de Katty Hurtado pone en evidencia las posibles falencias del sistema judicial y penitenciario chileno frente a situaciones de violencia de género, abriendo el debate sobre la necesidad de políticas públicas que garanticen una protección real para las mujeres en contextos de agresión y vulnerabilidad.