La muerte de un buzo durante tareas de mantenimiento en una planta desaladora en Mejillones ha puesto en evidencia una serie de presuntas irregularidades en las instalaciones que abastecen de agua a la minera Spence, de propiedad de la multinacional BHP Billiton. Según reveló un reportaje de El Mostrador, la planta en cuestión habría operado sin los permisos necesarios, vulnerando el Plan Regulador Comunal de Mejillones y utilizando irregularmente terrenos fiscales.
La mina Spence, ubicada en la comuna de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta, comenzó sus operaciones en mayo de 2022 tras una inversión de USD 2.460 millones. Este proyecto es parte de una estrategia global de BHP para expandir sus actividades en Chile, con el objetivo de duplicar la producción de cobre en las próximas cinco décadas.
Recientemente, un accidente fatal durante labores de limpieza en una planta desaladora de Mejillones, que suministra agua a la mina Spence, ha puesto en evidencia una serie de irregularidades en el funcionamiento de esta instalación.
El trágico accidente, ocurrido en noviembre de 2021 y en el que falleció un trabajador de la empresa contratista Premar, llevó a la compañía a presentar una demanda contra las empresas responsables de la planta: Cobra Montajes, Servicios y Agua Limitada, Caitan SpA y Compañía. Minera Spence SA Premar sostiene que el accidente se debió a la falta de seguridad en las instalaciones ya que las empresas continuaron operando la planta pese a conocer el riesgo de desbordamiento, priorizando así la productividad sobre la seguridad laboral.
Según la demanda, esta decisión buscó evitar una pérdida operativa de más de USD 10 millones, al mantener la producción de cobre en la planta concentradora de Spence. “Ellos nos ocultaron el riesgo de desbordamiento (…) y nos hicieron trabajar en condiciones peligrosas”, expresó John Bey, dueño de Premar, a El Mostrador .
Permisos y uso de terrenos fiscales
A la denuncia por condiciones inseguras se sumaron las irregularidades detectadas en los permisos de la planta. En respuesta a una solicitud del Juzgado Civil de Antofagasta, el director de Obras Municipales de Mejillones, Aaron Oliveros, confirmó que la estación de bombeo operaba sin el Permiso de Edificación y sin el Certificado de Recepción de Obras requerido. Además, se señaló que la planta supera en tamaño la superficie autorizada por la resolución ambiental inicial, lo cual infringe la normativa.
En paralelo, la Subsecretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta detectó la ocupación ilegal de terrenos fiscales en la planta y dio un plazo de 15 días hábiles para regularizar la situación.
Fiscalización de la exigencia
Premar también presentó una denuncia a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), solicitando una fiscalización de la planta por las presuntas faltas a la normativa ambiental. Hasta el momento, la SMA no se ha pronunciado sobre el caso ni ha realizado una inspección en el lugar.
Aunque la planta es operada por Caitan, BHP aclaró en un comunicado que no tiene control directo sobre su funcionamiento, indicando que “la planta desalinizadora ubicada en la bahía de Mejillones que abastece de agua industrial a la Spence/BHP es de propiedad y operada por un tercero. En este sentido, Spence/BHP no tiene injerencia en su operación”.
Reacciones
Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, criticó duramente la situación, calificándola como “un escándalo” e instó a la multinacional a cumplir con los estándares de transparencia y responsabilidad que exigen en su país de origen, Australia.
Mientras tanto, el seguimiento de la denuncia ambiental presentada por Premar ante la SMA indica que la investigación sigue en curso, en espera de una revisión en terreno de la planta desaladora en Mejillones.