El pasado martes el Gobierno presentó con urgencia un proyecto para modificar las leyes N°s 18.045 y 18.046 para limitar los cambios de fondos para los cotizantes que lo requieran. El motivo, según el Ejecutivo, es exigir “nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados” por recomendaciones de la OCDE.

La indicación aumentaría de 4 a 30 días el plazo para cambiarse de fondo de pensiones, permitiendo sólo en fondos adyacentes, es decir, si perteneces al fondo A solamente puedes dirigirte al fondo B y si estás en el fondo B, solamente tienes como opción el fondo A y C, esperando 30 días para solicitar los cambios.  

Esta medida no aplicaría al ahorro voluntario, cuentas de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos como también a los/as pensionados que podrán optar al fondo C, D y E en cualquier momento. Junto con esto, prohibiría a entidades que asesoran y recomendar cambios para los cotizantes, por motivo de “perjuicio” que sucedería con estas acciones, además de no permitir hacer publicidad y difusión por ningún medio.

Jaime Castillo, Vocero de NO+AFP Antofagasta, comenta que “cualquier acción en masa afecta el negocio de las AFP, entonces con una lógica economista y con un sistema individual esto sería para generar estabilidad financiera, es una pugna entre negociantes. La propaganda de las AFP es que somos dueños de nuestro dinero, pero si uno quiere retirar un poco de plata no lo puede hacer. Por esto se busca un sistema de seguridad social.”

Durante la Comisión de Hacienda en el que se revisaba el proyecto, los integrantes de ésta solicitaron al ministro Ignacio Briones, quitarle la urgencia al proyecto ya que por la extensión que tiene, no se alcanzaría a examinar con detalle por lo que se determinó continuar la revisión para la próxima sesión que se realizará el miércoles de 10 de junio.

Anteriormente, los Diputados Regionalistas presentaron un proyecto de reforma constitucional para retirar los fondos de pensiones durante el Estado de Catástrofe, que se entregarían mensualmente por 5 meses para facilitar la liquidez a las familias mientras dure esta pandemia.