Juicio político a Piñera: El rol protagónico de diputadas por Antofagasta en la Acusación Constitucional

Las Diputadas Catalina Pérez (RD) y Marcela Hernando (PR) fueron parte de los 15 diputados impulsores de la acusación de juicio político contra Piñera frente al caso Pandora Papers, mientras que la Diputada Paulina Núñez (RN) resultó sorteada para integrar la comisión ad hoc compuesta por 5 miembros que revisará la procedencia del libelo.

La oposición ingresó este miércoles la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, debido al escándalo por la compraventa de Minera Dominga con su amigo Carlos Délano en las Islas Vírgenes Británicas, como develó la investigación internacional periodística denominada Pandora Papers.

La acusación, cuenta con dos capítulos, uno que tiene que ver con faltar gravemente a la probidad como establece el artículo octavo de la Constitución y otro por poner en tela de juicio el honor de la nación.

Entre los 15 parlamentarios que firmaron la acusación contra Piñera se encuentran las parlamentarias por Antofagasta, Catalina Pérez (RD) y Marcela Hernando (PR).

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Asimismo, la mesa realizó un sorteo para establecer a los 5 diputados que formarán parte de la comisión ad hoc, que estudiará la Acusación Constitucional para establecer si procede o no. Una vez realizado este proceso, el proyecto es despachado a la sala.

Esta comisión estará integrada por los Diputados Florcita Alarcón (IND), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (IND), Virginia Troncoso (IND) y la diputada por Antofagasta Paulina Núñez (RN), cuyo rol de esta comisión será de especial interés por cuanto pudiera servir para conocer el punto de vista del oficialismo frente a la Acusación Constitucional, por cuanto se trata de un periodo electoral y varios parlamentarios de la derecha estarían reflexionando aprobar el libelo.

Para aprobar la acusación, se requieren 78 votos en la Cámara de Diputados, Luego de lo cual se debe realizar votación en el Senado, que se estima para una semana antes de las elecciones. En caso de ser aprobada, Piñera sería destituído del cargo y quedaría inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos.

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