Fue el 18 de diciembre de 2020, mientras se realizaban manifestaciones en la Alameda en Santiago, cuando el joven Renato Ibarra Romero fue detenido por personal de Carabineros, quienes lo acusaron de portar elementos para elaborar artefactos incendiarios.
Situación, que Daniela Ibarra, hermana del joven detenido, desmintió indicando que durante la detención de su hermano al joven se le cayó un bolso que fue recogido por personal policial y el cual, una vez arriba del carro, fue llenado con botellas de acelerante.
Sin embargo, al llegar a la 33° Comisaria, Renato exigió que le hicieran el examen de hidrocarburos, el que arrojó resultados negativos en cualquier ámbito. Además, Daniela agregó que en la instancia carabineros aseguró tener los registros audiovisuales del momento en que Renato botaba el bolso, pero que meses después, informaron no tener ningún tipo de prueba de la detención.
Motivo de esto, la familia de Renato aludió, en ese entonces, a que la detención del joven representaba un nuevo caso de montaje policial. Asimismo, Fiscalía confirmó que el supuesto video que lo incriminaba y que lo mantuvo encerrado en Santiago 1 por diligencias pendientes, no existía, ya que uno de los dos funcionarios que prestaron declaraciones, mantuvo la GoPro apagada durante la manifestación.
Finalmente, este martes 19 de octubre, Renato Ibarra preso político de la revuelta, fue absuelto de todos los cargos. Quedando en libertad, tras casi un año de estar detenido sin ninguna prueba en su contra.
OTRO CASO
Situación similar fue la vivida por Maximiliano Fraile Lagos, durante la detención del pasado 7 de febrero de 2020 en las inmediaciones de la Universidad de Concepción, y que también fue imputado por el porte de artefacto incendiario. Los antecedentes recopilados, dieron cuenta de la realización de un montaje policial, el cual fue grabado por las mismas cámaras corporales de los funcionarios policiales.
Fue el hallazgo del video el que llevó al joven a ser liberado de los cargos por porte de artefacto incendiario, quedando en libertad luego de pasar un mes en la cárcel y cuatro meses en arresto domiciliario.
SITUACIÓN EN LA REGIÓN
En la región de Antofagasta también se han presentado casos de personas que han sido detenidas y acusadas de cometer algún delito durante diversas manifestaciones que exigían dignidad para Chile. Algunos de los presos políticos son:
Caso Bastián Campos: “preso desde noviembre de 2019 por un montaje en su contra acusado de portar una bomba molotov armada en su mochila, fue condenado a 3 años y 1 día de prisión efectiva por eso y 61 días por saqueo”, indicó Camila Vargas, integrante de la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia.
Sebastián Montenegro: “acusado de porte de municiones de guerra, fue detenido en marzo de 2020, luego de 7 meses en prisión preventiva se logró bajar la cautelar, pero fue condenado en agosto de este año a 3 años y un día por porte de municiones de guerra y dos condenas de 61 días por ley antibarricadas”, explicó Vargas.
Deivy Jara: “de 18 años, sin antecedentes, está en prisión preventiva por lanzamiento de elemento incendiario desde junio de este año”.
Axel Aliaga: “sin antecedentes, también de 18 años, está acusado de lanzamiento de objeto incendiario, está en prisión preventiva desde abril de este año”, comentó la integrante de la agrupación.
Desde la Coordinadora Anticarcelaria Pampa Libre de Antofagasta, también indican que durante el pasado jueves 14 de octubre, Héctor Cortes, quien fue el primer preso político de Antofagasta. Pudo obtener el beneficio de libertad condicional, sin embargo, se cuestionan esta medida que será vigilada por funcionarios de carabineros.
“Lo anterior implica que estará en constante vigilancia por parte de lxs pacxs, lo cual ha significado en otros casos, amedrentamiento a los compañeros y sus familias e irregularidades en los procedimientos de vigilancia (…) Admiramos y reivindicamos la lucha de Héctor, quien resistió el sistema carcelario con el dolor del fallecimiento de su madre, a quien gendarmería le negó la oportunidad de despedirse de ella y acompañar a su familia”, informó Pampa Libre Antofagasta.
A NIVEL NACIONAL
“En enero de 2021, la Fiscalía entregó al Congreso un reporte en el que reveló que existían 38.427 casos ingresados producto del estallido social. En ellos, las autoridades y las personas imputaban la comisión de 41.948 delitos, de los cuales la gran mayoría correspondía a disturbios (24.350); violencia estatal (9.831, en especial torturas y apremios ilegítimos) y casos en que los agentes del Estado eran víctimas (2.714, principalmente por maltrato de obra y amenazas a Carabineros). Pero las cifras relevantes aparecen al final de ese mismo informe de la Fiscalía de enero de 2021. El Ministerio Público indicó que desde el inicio del estallido y hasta noviembre de 2020 fueron decretadas 928 prisiones preventivas, de las cuales 175 estaban vigentes a esa fecha”, según indicó CIPER.
Bajo este contexto, actualmente se discute en el Senado un proyecto de indulto, que busca liberar a quienes hayan cometido ilícitos en el contexto de las manifestaciones sociales entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020. Los familiares de los presos han solicitado que ese periodo se extienda hasta la fecha en que se promulgue la ley.
Los críticos del proyecto señalan que en realidad se trata de una amnistía, ya que también considera a las personas que han sido imputadas pero que aún no son condenadas. Sin embargo, este proyecto ha sido duramente cuestionado por algunas autoridades oficialistas, que llaman a retirarlo.
