La Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales las interceptaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía Regional de Coquimbo, liderada por el fiscal Patricio Cooper, en el marco de la investigación del denominado Caso ProCultura. La medida afectó directamente a Josefina Huneeus Lagos, testigo en la causa, y derivó incluso en la intervención de una conversación privada con el Presidente Gabriel Boric.
La resolución acogió un recurso de amparo interpuesto por la defensa de Huneeus, señalando que las resoluciones judiciales que autorizaron y renovaron las interceptaciones –dictadas por la jueza de garantía Sissi Bertoglio– no contaban con los requisitos constitucionales ni legales mínimos, al no existir sospechas fundadas en su contra.
Según se detalla, el teléfono de Huneeus fue interceptado inicialmente por error, al haber sido confundido con uno vinculado a su ex pareja, el imputado Alberto Larraín. A pesar de reconocer el error, la Fiscalía solicitó mantener la escucha telefónica sobre su número. La Corte calificó esta decisión como arbitraria e ilegal.
Entre las llamadas interceptadas por el Ministerio Público figura una conversación sostenida entre Huneeus y el Presidente Gabriel Boric, el 14 de octubre de 2024. Esta situación llevó al fiscal Cooper a considerar incluso la posibilidad de solicitar la interceptación del teléfono del mandatario, solicitud que fue finalmente desestimada.
La Corte ordenó eliminar del expediente investigativo todas las pruebas obtenidas mediante esta interceptación ilegal, señalando que se vulneraron derechos fundamentales y se transgredieron garantías procesales esenciales.
“Resulta extraño que el acusador institucional se comporte como policía y no ajuste sus actuaciones a la legalidad vigente, más anómalo resulta que la jueza de garantía no advirtiera la ilicitud ramplona devenida en el actuar de los agentes policiales y decidiera acceder a la petición fiscal, con una resolución de formato que validó las graves vulneraciones de garantías que hoy se denuncian“, señala el fallo en uno de sus puntos.
Este pronunciamiento pone en entredicho la actuación de la Fiscalía Regional de Coquimbo y del Juzgado de Garantía de La Serena, y podría abrir la puerta a sanciones disciplinarias o acciones legales adicionales contra sus responsables.